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Entrega
de subsidios para la construcción y
rehabilitación de viviendas
Protección a quienes más lo requieran
Livia Rodríguez Delis
livia@granma.cip.cu
El subsidio que
se otorgará a familias sin solvencia
económica para la adquisición de
materiales de la construcción y pago de
mano de obra, es otra alternativa con la
que el Gobierno provee, de manera
sustentable, igualdad de oportunidades y
protección a quienes más lo requieren en
nuestra sociedad.
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La
familia o persona beneficiada es
la encargada de administrar el
dinero que se le ha sido
asignado como subsidio,
explicaron los directivos en
conferencia de prensa.
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En conferencia
de prensa, realizada ayer en el
Ministerio de la Construcción,
directivos de los ministerios de
Finanzas y Precios, de Trabajo y
Seguridad Social, de Comercio Interior,
del Instituto Nacional de la Vivienda y
del Banco Central de Cuba, aclararon
especificidades sobre las nuevas normas,
que entrarán en vigor el próximo 15 de
enero.
La medida
permite avanzar en el Lineamiento No.
173 que expresa: "Eliminar las
gratuidades indebidas y los subsidios
excesivos, bajo el principio de
compensar a las personas necesitadas y
no subsidiar productos de manera
general", e implementar el Lineamiento
No. 299: "Los materiales de la
construcción con destino a la
conservación, rehabilitación, y
construcción de viviendas se venderán a
precios no subsidiados. En los casos que
se requiera, se aplicará el subsidio a
las personas, parcial o totalmente,
dentro de los límites planificados",
comentó Raquel Rodríguez Gato, jefa del
Grupo de Política Social de la Comisión
Permanente de Implementación y
Desarrollo de los Lineamientos.
Miguel Limia,
miembro de dicha comisión, explicó que
esta es la primera medida que se toma
para, una vez eliminado el subsidio a
los productos en general, comenzar a
subsidiar puntualmente a las personas
que verdaderamente lo necesiten.
Puntualizó que
esta estrategia es de carácter universal
para todo el país y que se aplica de
manera democrática en todos los
territorios. "Habla del carácter
socialista del Estado cubano y
manifiesta que nuestro Gobierno, en el
proceso de perfeccionamiento económico y
social en que está inmerso el país,
mantiene el principio de que nadie
quedará desamparado".
Aclaró que es un
financiamiento que se otorga para
acciones constructivas de un objeto de
obra específico y que implica un alto
nivel de responsabilidad. El mismo se
regula a través de una relación
contractual, donde hay obligaciones para
el Estado y para el ciudadano
beneficiado; por tanto, la persona que
se acoja al subsidio tiene la obligación
de cumplir con lo pactado y participar
de manera activa como individuo o grupo
familiar en la solución de los problemas
de su vivienda.
En consecuencia
—dijo— supone la disposición de la
persona necesitada para emprender la
acción constructiva que ha pactado con
el Estado.
La entrega de
subsidios es, aclaró, un paso más para
contribuir a la solución del déficit
habitacional en el país, apoyando a las
personas de menos ingresos a enfrentar
la ejecución, rehabilitación y
mantenimiento de sus viviendas.
"Ese es el
sentido del subsidio: una ayuda a
personas que tienen la disposición y que
no poseen los medios económicos para
emprender la acción constructiva",
ratificó.
No es una medida
aislada, argumentó Limia. "Forma parte
de una estrategia, que comenzó con la
venta liberada de los materiales de
construcción sin subsidios, la puesta en
vigor de una política de créditos
bancarios y la reducción del precio en
más de 122 artículos de materiales para
la construcción".
¿Quiénes serán los beneficiados?
Yusimí Campos Suárez, directora de
Seguridad Social del Ministerio del
Trabajo y Seguridad Social, afirmó que
en este primer momento habrá dos
prioridades básicas: los núcleos
familiares afectados por catástrofes
—entiéndase ciclones, inundaciones,
entre otros eventos—, que ya han sido
identificados en cada territorio, y los
casos sociales críticos. Pero "siempre
que haya voluntad de la familia y las
personas para contribuir por esfuerzo
propio a solucionar su problema
habitacional", enfatizó.
Los casos sociales, señaló, son
aquellas personas que no pueden
garantizar las acciones necesarias para
erradicar sus dificultades
habitacionales y que requieren del apoyo
del Estado. Nos referimos —argumentó— a
personas que por razones justificadas no
tienen los recursos y las posibilidades
para construir o rehabilitar su
vivienda.
A partir de que los interesados
realizan la solicitud en la Dirección
Municipal de la Vivienda, las instancias
territoriales del Ministerio del Trabajo
y Seguridad Social efectúan un análisis
previo del caso, el cual consiste en la
evaluación integral de la situación
socioeconómica que tiene la familia; por
ejemplo: si están vinculados a algún
tipo de empleo, la situación de cada
miembro del núcleo familiar, los gastos,
los ingresos y el origen de estos,
indicó la funcionaria.
"También se recogen otros elementos
importantes como la situación de salud,
envejecimiento, discapacidad y la
posibilidad que tenga la familia de
poder asumir esas acciones
constructivas."
La decisión es tomada por los
consejos de la Administración Municipal
a partir del estudio colegiado de cada
caso, que incluye los análisis de las
dependencias territoriales de la
Vivienda a que pertenece la solicitud y
las del Ministerio del Trabajo y
Seguridad Social.
Es bueno recordar que los montos del
subsidio son en dependencia de lo que se
vaya a realizar. Si se requiere la
construcción de una vivienda el subsidio
será de un máximo de 80 000 pesos
cubanos, si son acciones menores de
conservación hasta 5 000 pesos y si
estas son de mayor complejidad se
otorgará al beneficiado un límite de 10
000 pesos. Las operaciones se realizarán
mediante cheques bancarios de gerencia.
Dentro del monto total del subsidio
se podrá asignar hasta un 30 % del valor
de los materiales de la construcción,
para la contratación de trabajadores por
cuenta propia autorizados a ejercer
actividades constructivas.
Insistió en la responsabilidad que
tiene la familia de utilizar esos
recursos para el destino aprobado y no
con otro objetivo, y la obligatoriedad
de los consejos de la Administración
Municipal de fiscalizar y auditar para
que se cumpla lo establecido.
Los Consejos de la Administración en el
centro del control
Sobre la base de la venta real de los
materiales que se realizó el año pasado,
y del cálculo del 40 % que corresponde
distribuir a los gobiernos territoriales
en función de la recaudación y venta que
se produjo en cada lugar, existe hoy una
capacidad de 160 millones de pesos para
otorgar a los Consejos de la
Administración Provincial (CAP), añadió
Adalberto Carbonell, director general de
presupuesto del Ministerio de Finanzas y
Precios (MFP).
Para garantizar la continuidad de
esta estrategia, el MFP adoptó la
decisión de que cada CAP reciba como
financiamiento de manera mensual el 40%
del importe recaudado por la provincia
en la venta de materiales de la
construcción.
Posteriormente, el Consejo de la
Administración Provincial distribuirá a
sus consejos municipales de la
Administración un importe en
correspondencia con las necesidades
valoradas en cada uno de ellos,
independientemente del monto recaudado
en los municipios en la comercialización
de los materiales de construcción.
Como el subsidio a las personas y su
monto, total o parcial, se decidirá por
los consejos de la Administración
Municipal (lo cual refuerza el papel de
los gobiernos locales), estos en uso de
sus nuevas facultades, decidirán, oído
el parecer de las direcciones
municipales del Ministerio del Trabajo y
Seguridad Social y las dependencias de
la Vivienda, a quién otorgar el
beneficio.
"El Consejo de la Administración
Municipal debe rendir cuenta dos veces
al año ante la Asamblea Municipal del
Poder Popular, sobre la marcha del
proceso y del uso de los recursos."
Sobre la agilización de los trámites
en las dependencias de la vivienda,
encargadas por el momento de la
recepción de las solicitudes, Loida
Obregón, directora económica del
Instituto Nacional de la Vivienda,
afirmó que estas se encuentran en
condiciones de asumirlas, pues ya existe
en ellas un volumen considerable de
información sobre los casos sociales del
territorio al cual pertenecen.
Aclaró que en el caso de necesidades
constructivas solo se autorizará la
ejecución de la célula habitacional
básica, la cual no excede los 25 metros
cuadrados de superficie útil, con el
objetivo de que el subsidio abarque la
mayor cantidad de casos posibles.
Sin producción no hay subsidios
La viceministra
del Ministerio del Comercio Interior,
Bárbara Acosta, precisó que juega un
papel fundamental el cumplimiento del
contrato entre el productor y el
comercializador, para que se garanticen
los volúmenes de venta que se requieren,
teniendo en cuenta que este
financiamiento a los más necesitados se
nutre del dinero recaudado por la venta
de materiales.
Asimismo, el
impulso al desarrollo de la industria
local es fundamental para el buen
funcionamiento de la iniciativa, pues
posibilitará una mayor oferta de
insumos, más baratos y cercanos a la
población.
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