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Grecia pide comprensión a Europa ante la
amenaza de quiebra y explosión social
Isabel
Malsang y Helene Colliopulu
ATENAS. — Grecia espera que sus socios
europeos le otorguen este jueves un
nuevo paquete de ayuda para salvarla de
la quiebra, pese a que las
discrepancias en la coalición de
Gobierno le impidieron cerrar el duro
programa de ajustes reclamado por los
acreedores.
Las negociaciones se llevan a cabo en un
contexto social explosivo: las dos
principales centrales sindicales -Adedy
(empleados públicos) y GSEE (privados)-
llamaron a una nueva huelga general para
el viernes y el sábado, después de la
huelga y las marchas que el martes
congregaron a más de 20.000 personas en
Atenas.
Los sindicatos, al igual que numerosos
políticos y analistas, consideran que
los ajustes sólo pueden agravar la
situación de un país que entra en su
quinto año de recesión y que, según se
reveló el jueves, superó en noviembre el
millón de desocupados (1,02 millones),
una cifra en alza de 48,7% respecto a un
año antes. En noviembre, el desempleo
afectaba al 20,9% de la población
activa.
"Viajo a Bruselas con la esperanza de
que el Eurogrupo tome una decisión
positiva sobre el nuevo plan de ayuda",
declaró el ministro de Economía griego,
Evangelos Venizelos, antes de dirigirse
a la reunión con sus homólogos de la
eurozona, que se iniciará a las 17h GMT
en la capital comunitaria.
"Todavía quedan cuestiones por resolver
hasta la reunión del Eurogrupo", subrayó
Venizelos, tras una noche de
infructuosas tentativas para acercar
posiciones entre el Gobierno de Lucas
Papademos y los líderes de los tres
partidos del gobierno de unión nacional
(socialistas, conservadores y
ultraderecha).
Grecia espera obtener el desbloqueo de
al menos 130.000 millones de euros,
correspondientes al segundo plan de
rescate de sus finanzas acordado en
octubre. Atenas negocia con plazos
apretados, pues el próximo 20 de marzo
enfrenta vencimientos de obligaciones
por 14.500 millones de euros y de no
disponer de esa suma caería en una
situación de default.
Los tres partidos de la coalición están
de acuerdo en "todos los puntos menos
uno", indicó un comunicado de los
servicios del primer ministro.
El
punto que queda por resolver es "la
reducción de las jubilaciones", precisó
a la AFP una fuente gubernamental.
El
portavoz del Gobierno, Pantelis Kapsis,
explicó que para cerrar el acuerdo aún
hacía falta realizar recortes por unos
600 millones de euros, 325 millones de
los cuales deberían proceder de
tijeretazos en las pensiones.
"Para el resto (275 millones de euros),
los acreedores nos dieron quince días de
plazo suplementario para encontrar una
solución", reveló.
La
"troika" de acreedores formada por la
Unión Europea (UE), el Banco Central
Europeo (BCE) y el Fondo Monetario
Internacional (FMI) supedita la
liberación de los fondos a la
elaboración de un plan al que adhieran
todas las formaciones de la coalición.
Un
default de Grecia podría tener un efecto
dominó y comprometer la existencia de la
Eurozona, según numerosos analistas,
aunque en los últimos días hubo
responsables políticos que evocaron la
posibilidad de que Atenas abandone ese
bloque formado actualmente por 17
países.
Según una fuente gubernamental, los
representantes de la troika mantuvieron
discusiones con Papademos tras la
reunión de más de ocho horas que el jefe
de Gobierno mantuvo con los líderes de
su coalición.
Según filtraciones de prensa, las
medidas incluyen un recorte del 22% del
salario mínimo (que pasaría a unos 586
euros mensuales para los 325.000
asalariados afectados), reducciones en
las pensiones y una supresión rápida de
15.000 empleos en la función pública.
Estas medidas se sumarían a las ya
impuestas en contrapartida del primer
plan de ayudas UE-FMI por un monto de
110.000 millones de euros en mayo de
2010.
El
dirigente ultraderechista Giorgos
Karatzaferis abandonó la reunión poco
antes de su interrupción. "No puedo
comprometerme en una hora con un plan
que va a cambiar al país durante 40 ó 50
años sin tener la garantía (legal) de
que estas medidas sacarán al país del
callejón sin salida", declaró.
Y
el líder conservador Antonis Samaras
subrayó que "las negociaciones sobre la
cuestión de las pensiones se
proseguirán". "En estos momentos
difíciles, debemos prestar atención a
los jubilados", declaró.
Grecia negocia además con sus acreedores
privados para una condonación de unos
100.000 millones de euros de su deuda
soberana.
La
deuda griega totaliza unos 350.000
millones de euros, equivalentes al 160%
del PIB, y esa quita le permitiría
reducirla al 120% del PIB en 2020.
Si
los partidos griegos dan su acuerdo, el
programa de reformas deberá someterse a
la aprobación del Parlamento, con vistas
a su votación el domingo.
La
coalición gubernamental cuenta con 255
escaños de un total de 300 en la Cámara
de Diputados.
El
precio político de estas medidas
impopulares amenaza con ser elevado para
unos partidos que se preparan a celebrar
elecciones legislativas anticipadas en
marzo o abril. Por esta razón, los
acreedores desean el compromiso de todas
las fuerzas políticas de que mantendrán
el programa de recortes y reformas.
(Tomado de News noticias, fuente
AFP)
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