En 1988, la cuota de 20 mil visas correspondientes a ese año también se incumplió: se concedieron solamente 3 472, o sea, 5,8 veces menos que lo acordado;

en 1989, 1 631; 12,3 veces menos;

en 1990 disminuyó a 1 098; 18,2 veces menos;

en 1991, se eleva ligeramente a 1 376; 14,6 veces menos;

en 1992, baja ya de mil, al concederse solo 910 visas; 22 veces menos que lo acordado;

en 1993, fue también por debajo de mil: 964; equis veces menos.

Y en 1994, hasta fines de julio de este año, la cifra de visas concedidas sumó 544 en 7 meses, al ridículo ritmo de 77 por mes.

A eso se había reducido el compromiso de conceder un promedio de 1 667 visas mensuales.

Ninguna de las tres últimas administraciones norteamericanas que se sucedieron entre 1984 y 1994 había cumplido. Obsérvese que la administración Clinton, que estaba también legalmente obligada por el acuerdo suscrito por Estados Unidos el 14 de diciembre de 1984, nunca rebasó de mil el número de visas concedidas:

964 en 1993;

544 en 1994.

La única de las tres categorías acordadas que se cumplió en un nivel más alto, al ponerse de nuevo en vigor el acuerdo, fue la de los contrarrevolucionarios que habían sido sancionados a penas de prisión y sus familiares. Esta se cumplió al 71,71 por ciento durante los ocho años en que se aplicó el acuerdo, mientras la cuota de 20 mil por año para ciudadanos que deseasen emigrar a Estados Unidos se cumplió al 7,01 por ciento. Y en cuanto al compromiso de conceder por encima de 20 mil una cantidad adicional de "visas de inmigrantes a residentes en Cuba que sean padres, cónyuges e hijos solteros menores de 21 años de ciudadanos norteamericanos, sin que las mismas estén comprendidas en el número anual de inmigrantes señalado anteriormente", como se puede deducir de las cifras mencionadas, se cumplió al cero por ciento.

Del número total de visas que debieron ser concedidas por la cuota de hasta 20 mil por año, que debió sumar 160 mil, desde que se firmó el acuerdo —es decir, durante los 8 años, descontando los dos en que estuvo suspendido— sólo fueron concedidas 11 222, es decir, 14,3 veces menos que lo estipulado.

De acuerdo con nuestros cálculos, aunque no conocemos las cifras exactas de personas de origen cubano que se hicieron y continuaban haciéndose ciudadanos norteamericanos en más de 25 años de emigraciones legales e ilegales a ese país, alrededor de 200 mil personas dejaron de recibir visas, y si se toman en cuenta los dos años de la suspensión ocasionada por la provocación de la emisora subversiva, podría afirmarse que desde que se firmaron los acuerdos el número de los que dejaron de recibir visas rebasaría la cifra de 240 mil.

Estados Unidos incumplió los acuerdos de forma espectacular, se burló inescrupulosamente de los compromisos contraídos, y nuestro país fue humillantemente engañado. Cuba por su parte, cumplió al pie de la letra sus obligaciones en el acuerdo, facilitó las salidas y jamás dejó de recibir una sola de las personas comprendidas en la lista de excluibles, que fueron enviadas de regreso a Cuba. Por otro lado, a pesar de la solemne promesa de la administración norteamericana, contenida en el acuerdo, al expresar su disposición de poner en práctica "con la cooperación de las autoridades cubanas todas las medidas necesarias para asegurar que los ciudadanos cubanos residentes en Cuba que deseen emigrar a Estados Unidos y califiquen conforme a las leyes norteamericanas para recibir visas de inmigrante puedan ingresar a Estados Unidos haciendo el máximo aprovechamiento del número de hasta 20 mil inmigrantes anuales", la Ley de Ajuste Cubano, estímulo fundamental de las salidas ilegales, se mantuvo plenamente vigente.

Reagan, que contaba con autoridad suficiente y amplio apoyo del Congreso, y pudo derogar esa ley después de suscribir aquel compromiso de adoptar todas las medidas necesarias para que el ingreso a Estados Unidos se realizara por vías legales, no lo hizo. La administración de Bush tampoco lo hizo. Y la administración de Clinton, que contó hasta enero de 1995 con amplia mayoría en el Congreso, ni siquiera se interesó por el asunto.

El hecho real es que a medida que se incumplía lo acordado y se reducían cada año las visas concedidas para viajar legalmente a Estados Unidos, el número de personas que intentaban emigrar ilegalmente a ese país se incrementaba por año:

2 060 en 1990;

8 593 en 1991;

9 584 en 1992;

15 772 en 1993;

y 15 067 solo en el primer semestre de 1994, para un total de 51 076 en cuatro años y medio.

De ellas arribaron a Estados Unidos:

467 en 1990;

1 997 en 1991;

2 511 en 1992;

4 208 en 1993;

y 4 092 en el primer semestre de 1994, para un total de 13 275.

En ese período, a pesar de la falta total de cooperación por parte del gobierno de Estados Unidos, las autoridades cubanas lograron impedir la salida de 3 emigrantes ilegales por cada 4 que trataban de hacerlo, lo que demuestra la seriedad con que asumimos nuestra cooperación para normalizar el flujo migratorio. A pesar de ese esfuerzo unilateral de Cuba, en el primer semestre de 1994, arribaron ilegalmente a Estados Unidos 7,5 veces más emigrantes cubanos que las 544 visas concedidas de la cuota de hasta 20 mil por año que debía conceder Estados Unidos en virtud del acuerdo concertado, para viajar legalmente.

La administración Clinton, lejos de desestimular las salidas ilegales para cumplir los compromisos de ese acuerdo, poco después de asumir el Gobierno endureció el bloqueo económico contra el país, en instantes en que el derrumbe del campo socialista y la desintegración de la URSS trajo para Cuba la pérdida de sus mercados principales y las fuentes fundamentales de suministro de combustible, materias primas, equipos y parte importante de los suministros de granos y otros alimentos esenciales.

Meses antes de tomar posesión del cargo, ya había apoyado la ley de Torricelli, congresista demócrata, aprobada por el Congreso de Estados Unidos en 1992 y firmada por el presidente Bush el 23 de octubre de ese año. Tiempo después, ya como presidente, Clinton firmaría en presencia de los más connotados líderes de la Fundación Nacional Cubano-Americana y los más cercanos aliados de esta en el Congreso, la brutal Ley Helms-Burton, el 12 de marzo de 1996.

El enorme potencial acumulado de más de 240 mil personas que durante 10 años esperaron las visas prometidas en los acuerdos firmados el 14 de diciembre de 1984, unido a la Ley de Ajuste Cubano y a un bloqueo endurecido, a lo que se sumaban más de mil horas semanales de incesante propaganda subversiva y de guerra política y psicológica procedente de Estados Unidos, estimulando la indisciplina social, el delito y las salidas ilegales del país, inevitablemente tenían que ocasionar, y finalmente ocasionaron, una grave crisis migratoria.

La impunidad total y los estímulos con los que se recibía en Estados Unidos a todas las personas que salían ilegalmente de Cuba, estaban dando lugar a hechos de violencia, empleo de armas, e incluso de asesinatos de humildes tripulantes o custodios para secuestrar embarcaciones con las que emigrar ilegalmente a Estados Unidos.

Desde el primer momento las autoridades cubanas recibieron instrucciones de no tratar de interceptar tales embarcaciones robadas o secuestradas que partieran de los muelles o de las costas con personas a bordo. Era una instrucción necesaria para evitar accidentes, de los cuales se responsabilizaría siempre a nuestro país.

Con anterioridad se habían dado instrucciones precisas de no hacer uso de las armas en ninguna circunstancia para impedir tales salidas. Nuestro país no tenía la obligación de cuidar las costas de Estados Unidos. Cesó finalmente por parte de Cuba, que siempre autorizó la emigración legal, el papel de asumir ella sola todo el esfuerzo y la responsabilidad de luchar contra las salidas ilegales, mientras desde el país hacia donde se dirigían se estimulaban cada vez con más fuerza tales salidas. Nuestras autoridades se limitaron a persuadir a los que intentaban hacerlo con medios inadecuados; observar de cerca con lanchas patrulleras a los que de una forma u otra lo intentaban y auxiliarlos en caso necesario mientras se aproximaban a los numerosos guardacostas norteamericanos que los esperaban en las proximidades del límite de las doce millas de nuestras aguas jurisdiccionales. En tales circunstancias, no había otra alternativa. Así se desató la tercera crisis migratoria.

De nuevo se establecieron comunicaciones entre los gobiernos de ambos países por diversas vías. Cuba en ninguna ocasión se negó a la búsqueda de una verdadera solución. A través de intensas negociaciones entre delegaciones de Estados Unidos y Cuba que tuvieron lugar en Nueva York y la cooperación de amigos comunes de Estados Unidos y de Cuba, se arribó a determinadas fórmulas que aunque no se vincularan al cese de la guerra económica contra nuestro país —un factor fundamental que compulsa la emigración ilegal— incluían de nuevo, esta vez al parecer seriamente, medidas como la concesión de no menos de 20 mil visas cada año para emigrar de forma legal y segura hacia Estados Unidos, y en esta ocasión el compromiso de la intercepción en el mar por el servicio de guardacostas de Estados Unidos, más allá de las aguas jurisdiccionales de Cuba, de los que intentasen hacerlo de forma ilegal hacia ese país y su devolución a Cuba, con el compromiso nuestro de que serían reubicados en su lugar de residencia con garantía de que no se aplicaría sanción alguna por salida ilegal del país. Así se ha hecho sin excepción alguna con todas las personas devueltas.

Por nuestra parte nos comprometimos a paralizar la emigración masiva sin empleo de la fuerza y utilizando únicamente métodos persuasivos. El empleo de este procedimiento fue una proposición de Cuba.

Una vez más, con exactitud matemática, cumplimos este compromiso, y lo hicimos en breves días, sin utilizar en ningún caso la fuerza, con la cooperación del pueblo y el uso correcto de los medios masivos de divulgación para explicar el contenido y la justeza del acuerdo. Dimos un plazo a los dueños de los medios ubicados en la costa con el propósito de emigrar para retirarlos. Los propios dueños de los mismos cooperaron. Se interceptaron en tierra los medios que pudiesen servir para emigrar ilegalmente. Fue fácil lograrlo. La combinación de las medidas adoptadas en ese momento por ambas partes paralizaron de forma casi total las salidas ilegales del país.

Si dejamos a un lado el hecho de que las autoridades norteamericanas siempre seleccionan un por ciento de los emigrantes ilegales por razones no explicadas ni claramente justificables, que sospechamos sean de orden político para complacencia de los enemigos más acérrimos de los acuerdos, puede afirmarse que los acuerdos migratorios suscritos se han cumplido en lo esencial por ambas partes, de forma rigurosa y seria:

• alrededor del 80 por ciento de los emigrantes ilegales interceptados en el mar han sido devueltos al país.

• No menos de veinte mil visas son concedidas cada año a ciudadanos cubanos desde el momento que entraron en vigor los acuerdos.

Según datos suministrados por la Dirección de Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior, entre el 1º de octubre de 1994 y el 30 de septiembre de 1995, se presentaron en sus unidades con visas otorgadas por la Oficina de Intereses de Estados Unidos 26 634 ciudadanos.

Entre iguales fechas del 95 y el 96, 15 547;

entre el 96 y el 97, 13 201;

entre el 97 y el 98, 17 263;

entre octubre del 98 y el 2 de julio del 99, faltando dos meses aún para concluir el período indicado anteriormente, se han otorgado 21 429 visas.