La Ley de Reforma Agraria promulgada el 17 de mayo de 1959, destinada a proporcionar alimentos para la gran mayoría de nuestro desnutrido pueblo, una vida segura a millones de personas, empleo directo o indirecto a gran parte de la población del país económicamente activa que estaba desocupada, era una necesidad urgente e impostergable para el desarrollo económico y social de la nación cubana, donde grandes propietarios nacionales y extranjeros poseían latifundios de hasta 150 000 hectáreas de tierra, explotadas extensivamente o no cultivadas en absoluto. La legislación establecía una indemnización diferida en tiempo y plazos razonables y posibles. No existía un solo centavo para hacerlo de otra forma. La ley cubana, en un país no industrializado, era mucho menos radical y más generosa que la impuesta a Japón por el general norteamericano Douglas MacArthur al finalizar la Segunda Guerra Mundial.

En el caso de Cuba, Estados Unidos exigió lo imposible: el pago inmediato, completo y efectivo.

Hasta el propio Embajador de Estados Unidos, en mensaje confidencial a su gobierno que hoy no es ya secreto, declaraba: "Respecto a las cláusulas en la Ley de Reforma Agraria para el pago por las tierras expropiadas, la Embajada no lo ve como un signo de antiamericanismo, se inclina más bien a aceptar como sincera la defensa que de ellas hace el Gobierno cubano sobre la base de que no está en posición financiera ahora para hacer una compensación justa, pronta y efectiva, y que por razones revolucionarias no puede posponer la Reforma Agraria hasta que las finanzas mejoren".

Un mes después de promulgada la vital Ley de Reforma Agraria, el 24 de junio, Estados Unidos comienza a considerar la utilización de medidas más radicales y mortíferas contra nuestra economía. En una reunión convocada en el Departamento de Estado para considerar las opciones de acción contra Cuba, se manejó el criterio de que "correspondía al gobierno de Estados Unidos asumir de inmediato una posición muy firme contra la ley y su implementación", y que "la mejor manera de alcanzar el necesario resultado era la presión económica". Se valoró la supresión de la cuota azucarera cubana en el mercado norteamericano, lo cual provocaría que "la industria azucarera sufriera un abrupta e inmediata caída, ocasionando la generalización de un mayor desempleo. Grandes cantidades de personas quedarían sin trabajo y comenzarían a pasar hambre". En esa reunión según el memorándum secreto redactado y ahora desclasificado, el Secretario de Estado Herter calificó explícitamente las propuestas como "medidas de guerra económica".

La intención claramente genocida fue expuesta del modo más impúdico en un documento oficial suscrito por L. D. Mallory, un importante funcionario del Departamento de Estado, el 6 de abril de 1960. Después de reconocer que "la mayoría de los cubanos apoyan a Castro" y que "no existe una oposición política efectiva", exponía que "el único medio previsible para enajenar el apoyo interno es a través del desencanto y el desaliento basados en la insatisfacción y las dificultades económicas. (...) Debe utilizarse prontamente cualquier medio concebible para debilitar la vida económica de Cuba. (...) Una línea de acción que tuviera el mayor impacto es negarle dinero y suministros a Cuba, para disminuir los salarios reales y monetarios a fin de causar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno". Roy Rubottom, vicesecretario del Departamento de Estado para Asuntos Interamericanos, al margen del memorándum estampó esta lacónica respuesta: "Yes."

Tres meses más tarde, el 6 de julio de 1960 se aplica la medida concebida ya un año antes: fue suprimida la cuota azucarera cubana. Nunca más Estados Unidos compró a Cuba una sola libra de azúcar. Un mercado creado a lo largo de más de cien años entre Estados Unidos y Cuba, abastecedora segura de este alimento vital a ese país en las dos guerras mundiales que tuvieron lugar en la primera mitad del siglo, y de las cuales emergió aquel país como la potencia más rica y poderosa del mundo, fue suprimido en un segundo, golpeando despiadadamente la principal fuente de trabajo y de riqueza del país, y privándolo de los fondos imprescindibles para adquirir los recursos alimenticios, médicos, energéticos y de materias primas que requería la vida material de nuestro pueblo.

Al llevar a cabo esta acción, el presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, declaró: "Tenemos que mirar hacia otras acciones económicas, diplomáticas y estratégicas". Esto no era más que una preparación sicológica de la opinión internacional. Hacía rato que la más estratégica de las acciones en esa etapa había sido aprobada y estaba en plena marcha: la invasión mercenaria de Playa Girón.

A partir de entonces, las sucesivas medidas de carácter económico contra el pueblo de Cuba se fueron acumulando hasta configurar un bloqueo total y absoluto, que llegó al extremo tal de prohibir la exportación a nuestro país de una aspirina producida en Estados Unidos, o la exportación a ese país de una simple flor cultivada en Cuba. A los ciudadanos norteamericanos, por encima de sus propios derechos constitucionales, se les prohibió, bajo amenaza de severas sanciones de prisión, visitar a Cuba.

Este bloqueo absoluto, cínicamente calificado de forma oficial con la edulcorada y aparentemente inocua palabra "embargo", no cesó de endurecerse a lo largo de cuarenta años.

No fueron pocas las personas que murieron o perdieron irreparablemente la salud por la imposibilidad de adquirir a tiempo y por vías normales medicamentos de patentes norteamericanas que producían empresas de Estados Unidos en su territorio o en subsidiarias de las mismas en el exterior, o en industrias nacionales de otros países del mundo.

Nada peor podría concebirse como crimen cruel, fría y despiadadamente perpetrado durante tanto tiempo. Si la tecnología más avanzada producía alimentos para niños, ancianos, mujeres embarazadas o enfermos, tanto en Estados Unidos por empresas propias o de cualquier país, como en otros países por empresas de Estados Unidos, no estaban jamás al alcance de nuestros niños, ancianos, mujeres embarazadas o enfermos.

Si tan siquiera una pequeña pieza norteamericana estuviera presente en cualquier equipo médico que se produjera en el mundo por mano de obra calificada y con materias primas de otros países, este no podía ser exportado a Cuba.

Así, de forma tan detallada y minuciosa, fue diseñado el bloqueo contra el pueblo cubano.

Ni todo aquello, ni el robo de cerebros, ni el saqueo de médicos, de los cuales se llevaron la mitad de los que había en los primeros años de la Revolución, y de decenas de miles de profesionales y técnicos formados por un país que en solo un año había sido capaz de erradicar el analfabetismo, bastaron para aplastar la resistencia de nuestro pueblo.

En el momento más crítico y difícil, cuando desaparecieron la URSS y el campo socialista, mercados y fuentes fundamentales de suministros que restaban al país para soportar la feroz guerra económica desatada contra una Isla situada a solo 90 millas de las costas de Estados Unidos, decidieron ser más implacables todavía con Cuba: el bloqueo, con oportunismo grosero y repugnante, se recrudeció al máximo.

Algunas transnacionales norteamericanas comercializadoras de alimentos, radicadas en el exterior, venciendo incontables obstáculos, suministraban todavía, sin violación de las normas impuestas, desde países lejanos determinaos renglones alimenticios a Cuba. La brutal política de asedio por hambre y enfermedad no tardó en reaccionar para arrebatar al país hasta esas posibilidades de adquirir alimentos.