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16 de
Septiembre de 2000 Rechacemos
el empleo de ONU para imponer
un nuevo orden colonial
INTERVENCION DEL MINISTRO FELIPE
PEREZ ROQUE EN EL DEBATE DEL
55 PERIODO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL
Señor Presidente:
Vivimos un momento decisivo en la
historia de la humanidad. Más de medio siglo después de la creación de las Naciones
Unidas, a las puertas del nuevo milenio que hubiera debido significar una era de paz entre
los hombres, solidaridad entre las naciones y mayor bienestar para los pueblos más
pobres, nos enfrentamos, en cambio, a la crisis económica, social, política y ambiental
más grave y compleja que recuerde el género humano.
Distan mucho de haberse
materializado las expectativas de paz, estabilidad y colaboración que despertó en el
mundo el fin de la guerra fría. El surgimiento de un mundo unipolar, en el que una sola
superpotencia mantiene la capacidad militar de dominar la escena internacional, lejos de
haber significado mayor seguridad para nuestros pueblos, ha instaurado una etapa en la que
prevalece el hegemonismo de esa única superpotencia, el intervencionismo directo o
encubierto bajo el manto de acciones multilaterales, la inseguridad para los países
pequeños, el egoísmo como norma de conducta en las relaciones internacionales, el
intento de desconocer los principios de la igualdad entre los Estados, la soberanía
nacional, la autodeterminación, la no intervención, la no amenaza ni el uso de la fuerza
y la solución de controversias por medios pacíficos, principios que han constituido el
fundamento de existencia de la Organización de las Naciones Unidas.
Vivimos, además, en un mundo
marcado por la explotación y por la espantosa miseria de más de 1 300 millones de seres
humanos que, mientras sufren cada día sin renunciar a la esperanza de una vida mejor para
sus hijos, se preguntan si seguimos teniendo razones para "reafirmar la fe en los
derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana",
como proclamaron hace más de cinco décadas los fundadores de las Naciones Unidas.
La pretensión de imponer por la
fuerza y bajo presión el llamado "derecho de injerencia humanitaria", es hoy la
mayor amenaza a la paz y la seguridad internacionales. Todos sabemos que el grupo reducido
de países desarrollados que, lidereados por Estados Unidos y aliados a fuerzas poderosas,
intentan imponer este peligroso concepto en las discusiones y decisiones de nuestra
Organización, no tendrían que temer las consecuencias del reconocimiento de ese
pretendido derecho en las relaciones internacionales. Ellos no son, como nosotros, la
periferia euroatlántica definida por la OTAN como el escenario probable de sus
agresiones, y no es contra ellos, sino contra nosotros, los países pobres, contra los que
está dirigida la nueva doctrina estratégica de esta alianza.
Los intentos de fragmentar países y
naciones, de recolonizar territorios y restablecer zonas de influencia, deben cesar. Los
precedentes recientes de desatar mortíferas guerras contra poblaciones indefensas, sin
siquiera consultar al Consejo de Seguridad, constituyen no solo una violación flagrante
de la Carta de las Naciones Unidas, sino que arrastran al mundo de nuevo a situaciones
como las que ya una vez nos costaron más de 40 millones de vidas en una sola guerra.
¿Cuántas otras guerras contra
países pequeños y pobres deberán ocurrir para que entendamos la necesidad de respetar
la Carta y producir una profunda democratización en las relaciones internacionales?
¿Acaso los que hoy alientan con
lenguaje amenazante la pretensión de intervenir en los asuntos internos de otros países,
se ilusionan con la idea de que los graves problemas del subdesarrollo, las secuelas del
colonialismo, el hambre, las enfermedades, las consecuencias del saqueo permanente a que
son sometidos los países del Tercer Mundo —causas verdaderas de los conflictos
actuales—, puedan resolverse mediante el empleo de bombas inteligentes?
¿No es realmente paradójico el
hecho de que las potencias occidentales, al tiempo que desarrollan nuevos y cada vez más
sofisticados artefactos para matar, intenten impedirnos a los países pobres el empleo de
armamento convencional ligero, esencial para los países que, como Cuba, sufren la amenaza
permanente de una agresión militar? Basta ya de hipocresía y fariseísmo. El mundo será
más seguro realmente si se produce el desarme general y completo, incluido especialmente
el desarme nuclear. Hay que llegar un día a eliminar el armamento ligero, sí, pero hay
que eliminar también, y cuanto antes mejor, otros tipos de armamento convencional, mucho
más mortíferos y peligrosos, de los que hoy disponen solamente los países
desarrollados. Hay que eliminar las minas, sí, pero antes hay que eliminar las amenazas
de agresión contra los países pobres.
¿Acaso nuestro planeta será más
seguro si Estados Unidos acaba por desplegar su alucinado y costoso proyecto de sistema
defensivo contra misiles, con el que los gobernantes de ese país engañan a su propio
pueblo, prometiéndole protección contra unos misiles que nadie sabe a ciencia cierta de
dónde podrían ser lanzados?
¿Por qué la Organización de las
Naciones Unidas, en vez de prestarse dócilmente al peligroso juego con la muerte de las
potencias occidentales, no pone en el centro de su accionar el logro del propósito,
tantas veces proclamado y nunca cumplido, de dedicar una parte de los casi 800 mil
millones de dólares que hoy se dedican a gastos militares a promover el desarrollo y
tratar de salvar a las víctimas de la guerra silenciosa que hoy mata cada año de hambre
y enfermedades en el Tercer Mundo a más de 11 millones de niños menores de 5 años?
En definitiva, la paz no será
posible si no hay desarrollo para los más de 100 países del Tercer Mundo que hoy
contemplan, como convidados de piedra, el derroche irresponsable de las opulentas y
egoístas sociedades de consumo que devoran, con apetito insaciable, el futuro de nuestros
hijos. Proponernos reducir a la mitad, dentro de 15 años, el número de pobres que hoy
tenemos, es un empeño sin duda encomiable, pero ¿qué juicio le merecerá nuestra meta a
la otra mitad a la que condenamos a vivir como indigentes toda su vida?
¿En qué ha terminado el derecho al
desarrollo una vez proclamado solemnemente por esta misma Asamblea General? ¿No creen,
estimados colegas, que ha llegado el momento de proponernos, con serenidad y firmeza, el
rescate del tema del derecho al desarrollo como una prioridad de las Naciones Unidas? ¿No
es precisamente ahora —cuando ya nadie discute el fracaso resonante de las políticas
neoliberales que, para beneficio de las transnacionales, el Fondo Monetario Internacional
y el Banco Mundial impusieron con obstinación fundamentalista a los países del Tercer
Mundo— la oportunidad en que nuestros pueblos, unidos en una gran alianza por los
más elementales derechos, deben exigir un papel protagónico y decisivo en estos asuntos
del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y de esta Asamblea General?
¿Por qué debemos seguir
permitiendo que la cooperación internacional prácticamente desaparezca justo ahora
cuando es más necesaria? ¿Tenemos derecho a seguir discutiendo año tras año, sin
llegar a nada concreto, sobre el derecho al desarrollo que reclaman nuestros pueblos,
mientras contemplamos, dispersos y desorientados, cómo el Fondo Monetario Internacional y
el Banco Mundial continúan despojando a la Organización de las Naciones Unidas de las
prerrogativas de que la dotó la Carta? Tanta responsabilidad tendrán ante sus hijos y la
historia los que impusieron decisiones tan devastadoras como la privatización
desenfrenada de las riquezas nacionales de los países del Tercer Mundo, y la
liberalización indiscriminada de la cuenta de capital, que permite la fuga de las escasas
divisas de los países pobres, como los que, por conveniencia o temor, no han sido capaces
de luchar por los derechos de sus pueblos.
La Cumbre del Milenio, que concluyó
con resultados positivos, puso de manifiesto, una vez más, que los efectos devastadores
de la imposición del modelo neoliberal en un mundo globalizado golpean particularmente a
los países del Tercer Mundo, cuya situación económica y social, principalmente en
Africa, es ya prácticamente insostenible. Asimismo, dejó claro que el unilateralismo y
la imposición no tienen cabida en un mundo en el que la solidaridad y la cooperación son
el único camino posible para la salvación de todos.
Después de la Cumbre ya no hay
dudas: es la hora de actuar, de adoptar medidas concretas para luchar contra la miseria y
el subdesarrollo que azotan actualmente a la mayoría de la población del planeta. Cuba,
país pobre pero poseedor de un importante capital humano, ya ha comenzado a actuar.
Hechos y no palabras es lo que necesitamos hoy.
Hace ya dos años hemos puesto en
marcha un programa Integral de Salud, en el que casi 2 000 trabajadores de la Salud
cubanos prestan servicios gratuitamente en 16 países de Centroamérica, el Caribe y
Africa Subsahariana.
Ahora, ante el llamado urgente de
los pueblos africanos, reiteramos el ofrecimiento que hiciera el Presidente Fidel Castro
en la Cumbre del Milenio a las Naciones Unidas, a la Organización Mundial de la Salud y a
los países desarrollados, de cooperar con Africa en la lucha contra el SIDA y otras
terribles enfermedades que amenazan hoy con liquidar a un continente entero.
Cuba está dispuesta a destinar,
adicionalmente, hasta 3 000 médicos y paramédicos cubanos a ese empeño en Africa
Subsahariana, quienes además, contribuirían a formar personal de Salud africano sobre el
terreno. Pero es imprescindible que los países industrializados hagan su parte y
suministren los medicamentos e insumos necesarios para el programa. Africa espera por
nosotros. Cuba ya está lista. Los países desarrollados tienen ahora la palabra.
(Continúa) |
