INTRODUCCION

Víctima de una de las políticas de Estado más inhumanas a la que pueblo alguno se haya enfrentado, Cuba ha sido objeto desde el mismo triunfo de la Revolución Cubana, en 1959, de una cruel y despiadada guerra económica.

Esta guerra la conduce el país más poderoso de la tierra, los Estados Unidos de América, con el propósito no logrado de reimponer su dominio neocolonial sobre el país. En abril de 1960, ante la decisión del pueblo y gobierno cubanos de defender su derecho a llevar a cabo una Revolución social emancipadora que pusiera fin a varios siglos de injusticias y dominio foráneo, el Departamento de Estado, mediante un documento oficial, proclamaba la necesidad de imponerle a Cuba sanciones económicas que produjeran "el hambre, la desesperación y el derrocamiento del gobierno".

Desde entonces y hasta hoy, ninguna de las administraciones que se han sucedido en el poder en los Estados Unidos, ha cejado un ápice en sus objetivos ni ha escatimado medios para alcanzarlos. Por el contrario, éstos han sido desarrollados, refinados y ampliados. Dicha política se instrumenta mediante un complejo cuerpo de leyes; escandalosas presiones de todo tipo sobre empresarios y gobiernos de terceros países; persecuciones obsesivas de cuanta actividad económica o científica realiza Cuba en el exterior para obstaculizarla y frenarla; así como a través de una colosal campaña de desinformación en torno a Cuba con el objetivo de desvirtuar la realidad del país y su pueblo.

Se trata, pues, de asfixiar económicamente a toda una nación y privarla de los medios fundamentales de su subsistencia, para provocar el quebrantamiento de su firme voluntad de independencia. Esta política ha causado y continua infligiendo onerosas afectaciones al bienestar material, psíquico y espiritual del pueblo cubano, limita su desarrollo económico y social, y ha obligado a sucesivas generaciones de cubanos a vivir bajo un clima de permanente hostilidad y tensión. Seis de cada diez cubanos han nacido y vivido bajo las condiciones impuestas por esta política.

La guerra económica de los Estados Unidos contra Cuba carece, asimismo, de todo fundamento legal y, según lo dispuesto en el inciso c del Artículo II de la Convención de Ginebra para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, del 9 de diciembre 1948, califica como un acto de genocidio y, por consiguiente, constituye un delito de derecho internacional.

EL GOBIERNO DE EE.UU. FUE DECLARADO CIVILMENTE RESPONSABLE DE ACTOS ILICITOS CONTRA CUBA Y CONDENADO A PAGAR UNA INDEMNIZACION POR 121 000 MILLONES DE DOLARES

Como indicara el informe presentado por Cuba el pasado año, en respuesta a la solicitud de información por parte del Secretario General sobre la aplicación de la resolución 54/21 de la Asamblea General, el pueblo de Cuba decidió la presentación ante los tribunales cubanos de una demanda por daños económicos provocados por el bloqueo y por la guerra económica que durante más de cuatro décadas nueve sucesivas Administraciones estadounidenses han librado contra Cuba. En virtud de dicha demanda, y tras el correspondiente proceso legal, el Gobierno de los Estados Unidos fue declarado civilmente responsable de actos ilícitos realizados contra Cuba y condenado a reparar e indemnizar al pueblo cubano en la cuantía de 121,000 millones de dólares.

Desde el 24 de noviembre de 1992, fecha en que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución 47/19, en la que por primera vez se señaló la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos contra Cuba, hasta hoy, los gobiernos de ese país no han hecho más que desconocer la voluntad de la comunidad internacional, arreciando incluso los instrumentos de su política.

Ese mismo año se había aprobado la Ley Torricelli, que reforzaba la dimensión de la extraterritorialidad en todo el entramado de legislaciones y medidas que conforman el bloqueo contra Cuba desde hace cuatro décadas, y cuatro años después, en 1996, utilizando los más burdos pretextos, el gobierno estadounidense dictó una de las legislaciones que más repulsa ha concitado de la comunidad internacional, por su carácter injerencista, extraterritorial y violatorio de los más elementales principios del Derecho Internacional: la Ley Helms-Burton.

Es válido situar a estas dos últimas legislaciones en su contexto histórico apropiado. La primera, la Ley Torricelli, se aprobó por el gobierno de los Estados Unidos en el momento en que nuestro país comenzaba a reorientar con éxito su comercio exterior hacia Europa Occidental, Canadá, América Latina y el Caribe y otros países, luego de que el colapso de la comunidad socialista europea y la Unión Soviética impactara con fuerza sobre nuestras relaciones económicas internacionales. En otras palabras, esta Ley tuvo el propósito esencial de impedir la recuperación de la economía cubana.

Luego, en 1996, cuando ya se observaba que la economía cubana había logrado resistir los más duros embates de la desaparición de sus socios económicos y comerciales históricos y el recrudecimiento del bloqueo, y comenzaban a producirse resultados económicos positivos, el gobierno de los Estados Unidos instaló la Ley Helms-Burton como flamante pilar de su política agresiva contra Cuba. Esta legislación, injerencista por naturaleza, pretende dictar, en sus Títulos I y II, cómo debe ser el ordenamiento político, económico y social de un Estado soberano vecino, Cuba, y promueve la subversión como vía para lograr sus propósitos, y en sus Títulos III y IV intenta internacionalizar el bloqueo imponiéndole normas y reglas a la comunidad internacional sobre cómo desarrollar las relaciones económicas con la nación cubana, y estableciendo sanciones contra ciudadanos de otros países por sostener negocios con Cuba.

El carácter injerencista de esta Ley constituye el más rotundo mentís a aquellos que pretenden equiparar el bloqueo contra Cuba con un "embargo" que sólo involucra a las relaciones entre dos Estados. La Ley Helms-Burton es, además, extraterritorial en toda su dimensión, pues trata de intervenir descaradamente en los destinos de un país fuera de las fronteras de los Estados Unidos, o sea, que no pertenece a su territorio (Títulos I y II), a la vez que pretende imponerle al resto de los Estados soberanos del planeta la legislación estadounidense como norma de valía universal (Títulos III y IV).

Se promueve, además, la emigración ilegal e indiscriminada de los cubanos hacia los Estados Unidos a través de la conocida "Ley de Ajuste Cubano", a riesgo de sus propias vidas, y en contradicción con los acuerdos migratorios firmados entre ambos países.

Desde 1994, y con el declarado objetivo de "endurecer aún más el embargo contra Cuba y, por lo tanto, limitar la capacidad del gobierno cubano de acumular divisas extranjeras", según fue expresamente declarado por el Departamento de Estado, los Estados Unidos prohibieron el envío de remesas y paquetes de alimentos y medicinas hacia Cuba, así como los viajes por motivos familiares entre los dos países. En virtud de esta prohibición, los emigrados cubanos en Estados Unidos constituyen el único grupo que tiene serias limitaciones para viajar a su país de origen y para enviar ayuda económica a sus familiares en Cuba.

Asimismo, la Sección 211 de la Ley Ómnibus de Asignaciones Presupuestarias para el año 1999 se mantiene vigente en franca violación de la propia legislación y los compromisos de Estados Unidos en materia de propiedad intelectual, y en contradicción con al menos tres de los Artículos del acuerdo ADPIC (aspectos de los derechos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio), en tanto se refiere al término "nacional designado" como criterio para su aplicación. A resultas de dicha Sección, se intenta escamotear la marca de ron cubano Habana Club a sus legítimos propietarios, atribuyéndosele a reclamantes espurios radicados en los Estados Unidos, con lo que se afecta a la compañía francesa Pernod-Ricard y a Cuba.

A la luz de estas circunstancias, ahora que el poder ejecutivo de los Estados Unidos ha sido ocupado por una nueva Administración, tendría sentido que la comunidad internacional se preguntara: ¿Qué ha cambiado realmente en la política de bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba, después de adoptada por una mayoría absoluta de 167 votos a favor la resolución 55/20 de la Asamblea General?

En realidad, la política agresiva contra nuestro país se ha recrudecido desde el 20 de enero del año 2001, cuando ocupara el poder en los EE.UU. un nuevo gobierno, que ha hecho de la retórica anticubana y de los compromisos asumidos con la mafia anexionista con sede en Miami, el fundamento de sus acciones contra Cuba. Dicha Administración, con el mayor cinismo, ha anunciado públicamente que no sólo mantendrá su política de bloqueo y de intentar aislar a una Cuba independiente y soberana, sino que buscará todos los medios para hacer sus acciones más efectivas y abarcadoras. Es bajo este telón de fondo que el 56 período de sesiones de la Asamblea General de la ONU deberá examinar nuevamente este tema, más de nueve años después de haberse aprobado la primera resolución de condena al bloqueo estadounidense contra Cuba.

FLEXIBILIZACIÓN VS. RECRUDECIMIENTO DEL BLOQUEO.

Con el fin de neutralizar los esfuerzos de un movimiento incipiente de fuerzas sociales opuestas a la política de bloqueo dentro de los Estados Unidos, la anterior administración del Presidente William J. Clinton utilizó todos los resortes políticos y de los medios masivos para promover la idea de una supuesta "flexibilización" del bloqueo contra Cuba. Con ello se perseguía no sólo el objetivo antes enunciado en el plano doméstico, sino, además, el de desmovilizar la creciente oposición de la comunidad internacional a dicha política.

En realidad, tras la máscara de la aparente "flexibilización" se ha producido un recrudecimiento de la guerra económica contra Cuba y una ampliación de las medidas y acciones prácticas que conforman la política del bloqueo.

Al respecto, es preciso que se conozca que cuando en el Congreso de los Estados Unidos comenzaron a estructurarse y ganar simpatías algunas iniciativas dirigidas a permitir la venta de medicinas y alimentos a Cuba entre 1999 y el año 2000 –las que tenían el apoyo de distintos sectores sociales, religiosos y empresariales-; influyentes y muy poderosos grupos de cabildeo, representados por el liderazgo republicano y los congresistas cubano-americanos, lograron no sólo impedir que esas propuestas fuesen aprobadas, sino que impusieron en el Legislativo restricciones adicionales a las que ya existían, y que en términos prácticos se tradujeron en un endurecimiento del bloqueo.

Esas nuevas restricciones resultaron en:

• El mantenimiento del complejo y burocrático proceso de otorgamiento de licencias que hasta hoy sigue impidiendo las ventas de medicinas y alimentos a Cuba;

• La prohibición al Presidente de los Estados Unidos de autorizar cualquier asistencia gubernamental a las ventas de medicinas y alimentos con destino a Cuba, al tiempo que se levantaban esas restricciones para otros países que hasta ese momento no podían importar medicinas y alimentos;

• La prohibición del financiamiento privado norteamericano para las ventas agrícolas a Cuba, con lo que ninguna persona o entidad de los Estados Unidos puede ofrecer financiamiento o crédito para las ventas de productos y equipos agrícolas a la isla;

• El mantenimiento de la prohibición de importar productos de origen cubano, que hayan sido ubicados o hayan sido transportados desde o a través de Cuba;

• El congelamiento de las limitadas categorías, que previa solicitud de licencias, podían utilizar hasta ese entonces algunos ciudadanos norteamericanos para viajar a Cuba;

• La prohibición por fuerza de ley a los ciudadanos de los Estados Unidos de visitar Cuba, lo que hasta ese momento era una prerrogativa del ejecutivo.

El 28 de octubre del año 2000, el Presidente Clinton firmó el proyecto que contenía estas nuevas restricciones, con lo cual las convirtió en Ley de los Estados Unidos.

Asimismo, la actual Administración republicana del Presidente George W. Bush, ha difundido la falacia de que desde 1992 se permite la venta de alimentos y medicinas a Cuba; de que en 1998 se modificaron las regulaciones del Departamento de Comercio para facilitar aún más el otorgamiento de licencias para las ventas de productos médicos; y de que el gobierno norteamericano apoyó la celebración de una Feria comercial de productos médicos en La Habana en el año 2000, donde prácticamente todos los productos exhibidos fueron vendidos a instituciones médicas cubanas, por un valor superior a un millón de dólares.

En relación con la Feria de productos médicos norteamericanos realizada en La Habana en el año 2000, la misma no se efectuó con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, sino a pesar de los obstáculos y limitaciones impuestas por éste.

En esa ocasión la empresa cubana EMIAT negoció tres contratos para la adquisición de equipos médicos con las compañías Chattanooga Group de Tennessee, Llanna Instrument de Rhode Island y Striker de la Florida, todos los cuales fueron desestimados por la contraparte cubana después de transcurrido un tiempo por no haber sido otorgadas las licencias para materializar esas transacciones. La empresa cubana se vio obligada a acudir a proveedores de otros países.

II PARTE