INFORME DE CUBA AL SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA RESOLUCIÓN 56/9 DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU.
“Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos contra Cuba”

-INTRODUCCIÓN

El pueblo cubano sigue siendo víctima del bloqueo genocida que le ha impuesto el gobierno de los Estados Unidos de América en su afán por doblegar su apego al ejercicio de la libre determinación y su voluntad de independencia, justicia social y equidad. Por más de 42 años, sucesivas administraciones norteamericanas no han dudado en tratar de provocar el hambre y las enfermedades entre el pueblo cubano, como recurso para tratar de someter su espíritu de resistencia a la agresión y la anexión.

La política del bloqueo ha causado y continúa infligiendo serias y onerosas afectaciones al bienestar material, psíquico y espiritual del pueblo cubano y, a la vez que limita su desarrollo económico y social, ha obligado a sucesivas generaciones de cubanos a vivir bajo un clima de permanente hostilidad y tensión. Seis de cada diez cubanos han nacido y vivido bajo las condiciones impuestas por esta política.

La guerra económica de los Estados Unidos contra Cuba carece de todo fundamento legal y, conforme a lo dispuesto en el inciso (c) del Artículo II de la Convención de Ginebra para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, del 9 de diciembre de 1948, califica como un acto de genocidio y, por consiguiente, constituye un delito de derecho internacional.

El bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba por el país más poderoso en toda la historia de la humanidad, no sólo se mantiene, sino que ha sido recrudecido por decisión del actual gobierno del Presidente George W. Bush, quien ha hecho de la retórica anticubana y de los fuertes compromisos asumidos con los grupos extremistas con sede en Miami, el fundamento de sus acciones contra Cuba en busca de beneficios electorales para sí y para su familia.

En una intervención pronunciada recientemente en la Casa Blanca, el 20 de mayo del 2002, en ocasión de la conmemoración del centenario de la imposición a Cuba de un régimen de dominación neocolonial por parte de Estados Unidos, el Presidente Bush declaró abiertamente que “Estados Unidos continuará haciendo cumplir las sanciones económicas sobre Cuba” [i] .

Si alguien aún albergaba dudas acerca de la continuidad y el recrudecimiento en la aplicación de la política estadounidense de bloqueo contra el pueblo cubano, pudo encontrar la más clara respuesta en dichas declaraciones del Presidente Bush, que repitiera el mismo día en Miami.

Es a la luz de estas circunstancias, que la Asamblea General de las Naciones Unidas nuevamente deberá examinar, durante el 57 período de sesiones, este tema de su Programa, después de diez años en que ese mismo órgano aprobara por primera vez una resolución que solicita al gobierno de los Estados Unidos poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero contra el pueblo cubano. Para ello, cabría preguntarse:

¿Cómo pudo crearse a lo largo de estos años un sistema tan meticuloso e infernal para impedir a todo un pueblo acceder a los alimentos y medicamentos esenciales producidos en el principal mercado del mundo, máxime si se toma en cuenta que algunos de ellos son únicos y no pueden ser suministrados a precio alguno por otro proveedor?

¿Cómo podría admitirse que a un pueblo le siga siendo negado el acceso a tecnologías y piezas de repuesto, a equipos médicos y literatura científica imprescindibles para la plena realización del derecho humano a la salud?

¿Cómo podrían justificarse esas prácticas, ya no sólo frente a las normas universales de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, sino incluso vistas a la luz de los principios de la liberalización económica y comercial que promueven los países industrializados, incluidos los Estados Unidos, en el marco del proceso de globalización en curso?

A lo largo de este informe se tratará de dar respuesta a estas interrogantes, y la Asamblea General derivará sus propias conclusiones de la información que aquí se reseña.

-ALBORES, CONSOLIDACIÓN Y RECRUDECIMIENTO DEL BLOQUEO ESTADOUNIDENSE A CUBA.

Los últimos 200 años han planteado a la nación cubana difíciles desafíos, en particular a partir del peligro que históricamente han representado las pretensiones de anexión y dominación de Cuba por parte de los sectores más conservadores de poder en los Estados Unidos. Bastaría con un somero atisbo a la historia, para encontrar sobrados testimonios de las verdaderas intenciones que han guiado la política estadounidense hacia Cuba. Estados Unidos no ha escatimado recurso alguno en sus planes hegemónicos, especialmente después del triunfo de la Revolución Cubana en 1959.

La política de aplicar sanciones económicas ha constituido un eslabón fundamental de la hostilidad de los Estados Unidos contra Cuba. La decisión de promover el hambre, las enfermedades y la desesperación del pueblo cubano como herramientas para alcanzar sus fines de dominación política, no sólo se ha mantenido, sino que se ha recrudecido en estos últimos cuarenta años.

Cuba ha estado sometida a una política brutal de hostilidad y agresiones de todo tipo por parte de la superpotencia, cuyo propósito estratégico no ha sido otro que la liquidación de la Revolución Cubana y la destrucción del sistema político, económico y social establecido, sostenido y perfeccionado permanentemente por la libre voluntad de su pueblo.

Para lograr su propósito, las sucesivas administraciones estadounidenses desde 1959, han recurrido a todo tipo de presiones políticas; intentos de aislamiento diplomático; acciones propagandísticas; aliento a la deserción y a la emigración ilegal; espionaje; guerra económica y agresiones de la más diversa índole, incluidas la subversión, las acciones terroristas y de sabotaje, la guerra biológica, el fomento de las bandas armadas y las infiltraciones e incursiones criminales contra territorio cubano, el hostigamiento militar, la amenaza de exterminio nuclear y hasta la agresión directa mediante el empleo de un ejército mercenario.

Ni una sola actividad económica y social cubana ha quedado exenta de la acción destructora y desestabilizadora resultante de la política agresiva de los Estados Unidos. Cifras conservadoras apuntan a que el valor de las afectaciones a Cuba por la aplicación de esta política genocida supera ya los 70 mil millones de dólares. Estas cifras no incluyen los más de 54 mil millones de dólares reportados como daños directos ocasionados a objetivos económicos y sociales del país durante las últimas cuatro décadas, por los sabotajes y acciones terroristas llevadas a cabo por agentes al servicio de los Estados Unidos, toleradas por dicho país u organizadas y financiadas desde su territorio.

Como ya se ha denunciado en informes anteriores, en 1992 se agravaron las dificultades que enfrentaba la economía cubana a partir de la desarticulación de los vínculos con sus antiguos socios comerciales de la desaparecida Unión Soviética y de Europa del Este. Es en esa coyuntura que se aprueba la llamada Ley Torricelli, con el objetivo de aislar totalmente a Cuba del entorno económico internacional y hacer colapsar su economía. Las disposiciones contenidas en esa legislación, de carácter profundamente extraterritorial, constituyen una flagrante violación de las normas internacionales que rigen la libertad de comercio y navegación y reflejan el desprecio e irrespeto hacia la soberanía de terceros Estados.

En 1996, insatisfecho aún por no haber logrado el colapso del sistema político y económico del país con la enmienda Torricelli, el gobierno de los Estados Unidos da un paso más en su escalada de acciones hostiles y agresivas hacia el pueblo cubano. Ese año se promulga la Ley Helms-Burton, en la cual se integran los principales programas y políticas que había estado promoviendo la ultraderecha estadounidense y la mafia terrorista cubano americana contra el pueblo cubano y su proyecto emancipador.

La Ley Helms-Burton, injerencista por su naturaleza y por su letra, pretende dictar en sus Títulos I y II, cómo debe ser el ordenamiento político, económico y social de un Estado soberano vecino, Cuba, al tiempo que promueve la subversión como vía para lograr sus propósitos, mientras que en sus Títulos III y IV intenta internacionalizar el bloqueo imponiéndole normas y reglas a la comunidad internacional sobre cómo desarrollar las relaciones económicas con la nación cubana, y estableciendo sanciones contra ciudadanos de otros países por sostener negocios con Cuba.

Estas leyes y regulaciones que afectan a nuestro país y que, además, extienden su acción contra toda la comunidad internacional, han sido complementadas con ulteriores disposiciones y medidas dirigidas al recrudecimiento del bloqueo. Entre las acciones más recientes, debe llamarse la atención acerca de la instrumentación de nuevos mecanismos de control y monitoreo para hacerlas más efectivas.

El arribo al poder de la Administración del Presidente George W. Bush, ha significado un recrudecimiento de la retórica anticubana y un mayor comprometimiento con la Fundación Nacional Cubano-Americana y otras organizaciones extremistas del Estado de La Florida, cuyas acciones terroristas y anexionistas son bien conocidas, y ha traído como resultado un endurecimiento de la política de bloqueo contra el pueblo cubano.

La actual Administración estadounidense se ha propuesto lograr a toda costa la aplicación más rigurosa de las regulaciones del bloqueo, en particular de la Ley Helms-Burton, tanto en sus aspectos económicos como políticos. Las sanciones y restricciones económicas han estado acompañadas de nuevas iniciativas para la promoción, organización y el financiamiento de la subversión interna en la Isla, valiéndose de la Sección de Intereses que mantiene Estados Unidos en La Habana, de los recursos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y otros fondos oficiales, y de los recursos que brinda la Administración a organizaciones que, como Freedom House, fomentan la subversión y la injerencia en el territorio de la República de Cuba. Este año, el Gobierno del Presidente W. Bush ha llegado incluso a emitir una convocatoria pública para el otorgamiento de los recursos federales disponibles para el financiamiento de proyectos de subversión interna en Cuba, ofreciendo millones de dólares por cada proyecto presentado.

Uno de los aspectos más notables de la acción anticubana de la Administración del Presidente W. Bush ha sido el tema de la restricción de la libertad de viajes mediante el recrudecimiento de

las sanciones y las amenazas contra los ciudadanos norteamericanos que desean viajar a Cuba, actos que se han recrudecido durante los últimos 18 meses, cuando el gobierno de los Estados Unidos ha sometido a procesos judiciales y multas a un número creciente de ciudadanos estadounidenses. Baste decir que si bien del 3 de enero al 3 de mayo del año 2001, un lapso de cuatro meses, el Departamento del Tesoro envió 74 cartas a ciudadanos norteamericanos que se atrevieron a viajar a Cuba sin permiso, imponiéndoles multas por 7,500 USD como promedio, en los tres meses siguientes, del 4 de mayo al 31 de julio del propio año, se enviaron 443 cartas de esta naturaleza.

A modo de ejemplo, baste citar el caso del Sr. Cevin Allen, ciudadano estadounidense, quien ha sido una de las víctimas de las sanciones impuestas por el gobierno norteamericano por viajar a Cuba. El pasado año, en audiencia del Comité de Asignaciones del Senado, este ciudadano compareció para dar a conocer su caso.

Por las insólitas e inhumanas circunstancias asociadas al mismo, se presentan a continuación algunos de sus detalles :

“Residente en Sammamish, Washington, el Sr. Allen vivió en Cuba entre 1948 y 1955, con sus padres, que eran misioneros de la iglesia Pentecostal. Estos mantuvieron estrechos vínculos con la Isla después de su partida hacia Estados Unidos. En 1987, un lamentable incendio provocó la muerte de sus padres. En esos momentos Allen prometió que traería sus cenizas a Cuba, el lugar que ellos siempre habían amado, lo cual pudo cumplir diez años después. A su regreso, se le impusieron multas a él y a su acompañante por valor de 7500 dólares cada una, las cuales fueron rebajadas a 700 dólares tras una intensa batalla legal. [ii]

El Presidente George W. Bush, en la intensificación de su accionar anticubano, ha designado y promovido a funcionarios de origen cubano, incluso a algunos con antecedentes terroristas, a cargos claves en su gabinete o dentro del Departamento de Estado. Estos son parte activa o se relacionan estrechamente con la llamada Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA) y otras organizaciones de ultraderecha de La Florida, cuya naturaleza terrorista ha sido denunciada y probada.

Durante los últimos años, el gobierno de los Estados Unidos ha pretendido confundir a la opinión pública internacional con una supuesta flexibilización de las regulaciones del bloqueo que, según aducía, permitirían la venta a Cuba de alimentos y medicamentos. Sin embargo, como señalamos en anteriores informes al Secretario General, las restricciones impuestas para llevar a cabo las transacciones que posibiliten estas compras por parte de Cuba, y los condicionamientos asociados, impidieron e impiden llevarlas a cabo, aún cuando exista la voluntad de Cuba de realizarlas y el interés por parte de los productores estadounidenses en efectuar las ventas.

A fines del pasado año, tras las consecuencias del más devastador huracán que haya azotado a Cuba en el último siglo, en un gesto calificado en su oportunidad como amable por las autoridades cubanas, la Administración estadounidense no objetó la venta de cierta cantidad de alimentos al país, adquiridos para reponer las reservas utilizadas para enfrentar la necesaria atención a los damnificados por el Huracán Michelle.

Este hecho aislado motivó la falsa expectativa en diversos medios, entre ellos el propio empresariado estadounidense, de que se había emprendido un camino favorable a una política menos hostil de Estados Unidos hacia Cuba. Sin embargo, lo cierto es que las compras tuvieron que efectuarse con estrictas licencias del Departamento del Tesoro, en efectivo, y sin financiamiento alguno, ni siquiera privado, a la par que su transportación sólo pudo realizarse en buques norteamericanos, o sea, que en ellas se mantuvieron las múltiples restricciones que impone el bloqueo. Adicionalmente, en el mes de abril del presente año, el gobierno de los Estados Unidos, de forma unilateral, canceló los visados de los empresarios cubanos que negociaban nuevas compras con las compañías norteamericanas que habían efectuado ventas a Cuba en meses recientes, y otras interesadas.

Vale también recordar los complejos procedimientos que han regido y rigen estas ventas. De una parte, los productos que las compañías norteamericanas exportarán a Cuba deben cumplir los requisitos establecidos para las exportaciones, deberá existir un contrato escrito y los embarques deberán realizarse en el término de un año a partir de la firma del contrato. Asimismo, los exportadores estadounidenses deberán realizar previamente una notificación, mediante la presentación de un modelo o planilla, o su equivalente electrónico, con la información que solicita el Departamento de Comercio, en particular el Buró para el Control o Administración de las Exportaciones (BXA), oficina que referirá la notificación a las restantes agencias gubernamentales de los Estados Unidos, como el Departamento de Defensa, el Departamento de Estado y presumiblemente al Consejo de Seguridad Nacional y otras entidades en algunos casos, que serán las que definitivamente decidirán, mediante un dictamen político, la realización de las ventas, procedimiento totalmente ajeno a las normas que deben regir el comercio entre países.

No es posible concebir racionalmente el desarrollo del comercio entre dos Estados soberanos, sin que exista entre ambos un régimen normal de relaciones inter-empresariales, que permita la negociación, un normal flujo financiero, el transporte aéreo y marítimo, el beneficio de fórmulas habituales de apoyo al comercio exterior y el imprescindible acceso a créditos.

Pero más aún, y para que no existiera la menor duda, tanto funcionarios del Departamento de Estado, como el propio Presidente Bush se encargaron inmediatamente de aclarar que independientemente de dichas ventas, el bloqueo seguía en pie, sin modificación alguna y que, por el contrario, se produciría una revisión de la política hacia Cuba, con el declarado objetivo de reforzar las medidas de coerción económica y las sanciones vigentes.

En violación de los más elementales principios de la libertad de comercio, la Ley de Reforma de Sanciones Comerciales aprobada en octubre del año 2000, si bien permite bajo ciertas condiciones la venta de alimentos y medicinas a nuestro país, también establece importantes restricciones en adición a las ya previstas en leyes anteriores. Esta Ley exige al Departamento de Comercio controlar las exportaciones de los productos agrícolas y del sector de la salud mediante la emisión de licencias, las cuales se encuentran bajo el control del Departamento del Tesoro, en particular de su Oficina para el Control de Bienes Extranjeros. Los productos que sean autorizados para ser exportados hacia Cuba, deberán cumplir determinados requerimientos de control y clasificación, atendiendo a las disposiciones dictadas por consideraciones de “seguridad nacional”.

En cuanto a las compras de alimentos específicamente, los exportadores norteamericanos interesados en beneficiarse con la licencia, deberán presentar previamente un formulario que contiene la información que solicita el Departamento de Comercio. Este referirá la notificación al Departamento de Defensa, al Departamento de Estado y presumiblemente al Consejo de Seguridad Nacional, que serán quienes definitivamente decidirán, mediante un dictamen político, la autorización para la realización de estas ventas. Este procedimiento es ajeno totalmente a las normas que deben regir el comercio entre los países, máxime cuando los Estados Unidos se presentan como adalides del libre comercio.

En el transcurso de este procedimiento, y en cumplimiento de la sección 906 de la Ley en cuestión, puede rechazarse la exportación de productos agrícolas a cualquier entidad en Cuba alegando razones de seguridad nacional. En cuanto a la moneda de pago, en las regulaciones no aparece definida la autorización para la utilización del dólar estadounidense en las compras por parte de las entidades cubanas. Las operaciones se realizan a través de bancos ubicados en terceros países y en otras monedas, fundamentalmente en euros, con las consiguientes pérdidas para Cuba en las operaciones cambiarias.

En relación con los productos del sector de la salud, se continúan aplicando las disposiciones de la Ley Torricelli. Los exportadores requieren de una licencia específica, concedida caso a caso, con vigencia de 24 meses. El otorgamiento de las licencias se condiciona a que el gobierno de los Estados Unidos sea capaz de monitorear y verificar mediante inspecciones in situ u otros medios, el usuario final del producto.

Por otro lado, solamente en el transcurso de este año se han introducido en el Congreso norteamericano 25 iniciativas legislativas contra Cuba, que, de ser aprobadas, seguirán profundizando aún más, si ello fuera posible, el bloqueo contra la Isla.

Sin embargo, paralelamente con este irracional comportamiento, existen diversas iniciativas legislativas a favor del levantamiento de las sanciones económicas unilaterales, que son el resultado, entre otros procesos, del incremento de las gestiones de los representantes del sector agrícola para encontrar nuevos mercados donde ubicar sus productos. Cada vez son más los sectores sociales y económicos estadounidenses que exigen el levantamiento del bloqueo, que no sólo afecta al pueblo cubano, sino a intereses de los sectores económicos norteamericanos y al propio pueblo de ese país.

El pasado 21 de marzo se anunció de manera oficial la creación del Grupo de Trabajo sobre Cuba (GTC) en la Cámara de Representantes, primero de su tipo en el Congreso norteamericano en más de cuatro décadas. El GTC ha estado promoviendo la eliminación de las restricciones para el financiamiento privado de las ventas agrícolas a nuestro país, la libertad de viajes y la eliminación de la Sección 211 de la Ley Ómnibus de Asignaciones Presupuestarias de 1999, que ha permitido el robo de marcas comerciales cubanas, en franca violación de las legislaciones sobre propiedad intelectual.

Cada día se suman más voces al rechazo de la política de bloqueo a Cuba. La prensa, las iglesias, el sector empresarial, y el propio ciudadano común, se cuestionan por qué se trata como enemigo a un país, por demás vecino, que no constituye una amenaza para los Estados Unidos.

La continuada aplicación de esta política agresiva y de bloqueo por parte del Gobierno de los Estados Unidos, sólo demuestra su arrogancia e irrespeto por los valores compartidos por la comunidad de naciones, y constituye un claro desafío y un verdadero desprecio a los propósitos y principios contenidos en la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional.

(Continúa)

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