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D O C U M E N T O

Por más de cuarenta años, el pueblo cubano ha enfrentado el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el Gobierno de los Estados Unidos de América, una política de hostilidad de las más crueles, inhumanas y prolongadas a que se haya sometido a pueblo alguno en toda la historia de la civilización humana.

Desde el triunfo mismo de la Revolución, cuando el pueblo de Cuba hizo realidad el disfrute de su derecho a la libre determinación, al destruir las bases del régimen neocolonial que mantenía Estados Unidos en la Isla, las autoridades de la potencia del Norte impusieron diversas sanciones económicas a Cuba con el objetivo reconocido de producir “el hambre, la desesperación y el derrocamiento del gobierno”, según señalara un documento oficial del Departamento de Estado fechado el 6 de abril de 1960.

Suman ya diez las administraciones estadounidenses que a lo largo de estos cuarenta y cuatro años no han hecho más que profundizar y ampliar el complejo sistema de leyes y medidas que conforman el bloqueo establecido por el Gobierno norteamericano contra el pueblo de Cuba.

Esta política ha causado y continúa infligiendo importantes afectaciones al bienestar material, psíquico y espiritual del pueblo cubano, imponiéndole graves obstáculos a su desarrollo económico, cultural y social.

Baste recordar que seis de cada diez cubanos han nacido y vivido bajo el sistema de sanciones descrito que ha estado acompañado, además, de agresiones militares, guerra biológica, transmisiones ilegales de radio y televisión, actividades terroristas, planes de atentado contra sus principales dirigentes, aliento a la emigración ilegal y otros actos hostiles promovidos, financiados, apoyados o permitidos por varias administraciones estadounidenses.

El objetivo principal del bloqueo no ha sido otro que el de imponer la asfixia económica y social a la nación cubana, al privarla de sus medios fundamentales de subsistencia. Las prohibiciones y restricciones impuestas por el bloqueo al pueblo cubano, carecen de todo fundamento legal, moral y ético. Conforme a lo dispuesto en el Inciso (c) del Artículo II de la Convención de Ginebra para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, del 9 de diciembre de 1948, el bloqueo impuesto por el Gobierno estadounidense contra Cuba califica como un acto de genocidio y, por consiguiente, constituye un delito de Derecho Internacional.

El actual Gobierno republicano del Presidente George W. Bush ha recrudecido a niveles sin precedentes las medidas y prohibiciones del bloqueo contra Cuba. Sus acciones se enmarcan de modo coherente en la tradicional política de la ultraderecha norteamericana y los sectores más extremistas y violentos de la emigración cubana en los Estados Unidos, dirigida a socavar la existencia misma de la nación cubana. Cabe recordar, en este contexto, que las apetencias de los Estados Unidos de América sobre Cuba no son nuevas. Ya desde los albores mismos del surgimiento de la Unión Americana, comenzaron a realizarse esfuerzos por anexar a Cuba mediante la compra, la cesión e incluso la fuerza armada, que se sustentaron en políticas como la Doctrina Monroe o la “tesis de la fruta madura”, preludiando ya, desde tan lejana época, lo que sería el basamento mismo del intervencionismo y unilateralismo que caracterizan a los Estados Unidos en la etapa actual. Así, luego de la intervención norteamericana en 1898, cuatro años después surgiría la República de Cuba, lastrada por una enmienda constitucional que, para todo fin práctico, convertía a Cuba en una colonia de su vecino norteño, situación que prevaleció hasta 1959, en que triunfara la Revolución Cubana.

Al recrudecer el bloqueo, el actual Presidente norteamericano ha reciprocado el decisivo “favor” que le hiciera la mafia terrorista cubanoamericana de Miami - vale recordar el papel protagónico de ésta en el fraude que le permitió a George W. Bush usurpar la presidencia del país en las elecciones del 2000 - compuesta por políticos corruptos que lucraban hasta el año 1959 con el hambre y la sangre del pueblo cubano, por connotados torturadores y asesinos que llevaron la muerte a más de 20 mil cubanos, por probados ladrones del erario público y toda la escoria humana que servía de soporte a la dictadura batistiana y al control neocolonial que ejercía Estados Unidos sobre Cuba, así como por sus seguidores y herederos, y por todos los que han promovido, financiado y seguido ejecutando los más criminales actos de terrorismo contra el pueblo cubano en estos últimos cuarenta y cuatro años.

La pretensión del actual Gobierno de los Estados Unidos de imponer al mundo su voluntad como única norma aplicable, pisoteando el Derecho Internacional y recurriendo para ello de manera indiscriminada e ilegal a la amenaza y al uso de la fuerza, ha representado un grave estímulo a los planes de agresión contra Cuba, incluso mediante la vía militar.

Conociendo perfectamente su incapacidad para socavar el apoyo inclaudicable del pueblo cubano a su Revolución, la mafia terrorista de origen cubano de Miami, importantes personeros y halcones militaristas dentro de la reaccionaria administración republicana que gobierna Estados Unidos y por supuesto, los mercenarios pagados por ambos dentro de la Isla, ponen su esperanza en la idea siniestra de provocar una agresión armada de los Estados Unidos contra Cuba.

Aquellos que promueven la agresión para poner fin al proceso de transformaciones revolucionarias soberanamente emprendido por el pueblo cubano, han venido fabricando, uno tras otro, sucesivos y falsos pretextos para impulsar sus planes.

Así, Cuba es mantenida sin justificación alguna en la lista que ilegítimamente elabora el Departamento de Estado norteamericano de países que supuestamente estarían promoviendo o protegiendo el terrorismo en el mundo. Aún más, algunos funcionarios de la Administración Bush han reiterado la falsa acusación acerca de una supuesta capacidad de producción de armas biológicas por parte de Cuba.

Por otra parte, el gobierno estadounidense - el mismo que se ha arrogado el derecho de coartar la libre determinación de cualquier pueblo en el mundo con sus llamadas “guerras preventivas” y mantiene en un limbo jurídico y en condiciones infrahumanas a miles de personas en la Base Naval de Guantánamo y en su territorio continental - año tras año impone mediante el chantaje y la coerción, una resolución que manipula el tema de los derechos humanos, con el objetivo de fabricar un ilegítimo asidero a su política de hostilidad contra Cuba.

En este mismo contexto, los Acuerdos Migratorios firmados entre ambas naciones en 1994 han sido objeto de especial ataque por parte de los enemigos de una normalización de las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba. El propósito fundamental es el de poner fin al flujo migratorio ordenado establecido en dichos acuerdos y, así, forzar una emigración ilegal masiva desde la Isla, a partir de las difíciles condiciones que impone el bloqueo al pueblo cubano y del estímulo a la emigración ilegal que establece la absurda y asesina “Ley de Ajuste Cubano”, que de manera excepcional y única en la historia, estipula garantías y derechos especiales, incluso de residencia, a los cubanos que arriban ilegalmente al territorio de los Estados Unidos. Ello contrasta con las cacerías humanas, los maltratos físicos y morales, los encarcelamientos y expulsiones que se deparan a millones de ciudadanos de otros países que llegan de igual manera al territorio de la superpotencia.

La respuesta del Gobierno de los Estados Unidos a la adopción de la resolución 57/11 de la Asamblea General, que contó con el voto a favor de 173 Estados para exigir al gobierno norteamericano poner fin a su política de bloqueo a Cuba, no ha sido otra que la profundización de sus ilegales sanciones a la Isla.

¿Podría acaso la comunidad internacional permitir que tan grave afrenta al multilateralismo, al Derecho Internacional y a los principios éticos y morales que guían las relaciones internacionales quede sin respuesta?

Cuba reivindica un orden internacional en el que el respeto al Derecho Internacional rija para todos por igual, como paradigma irrenunciable de la convivencia pacífica y la justicia en el planeta. Con la razón que le acompaña y una sólida unidad forjada en su batalla histórica por el pleno ejercicio de su soberanía, Cuba sabrá resistir y vencer frente a los intentos de Estados Unidos de rendir su férrea voluntad de independencia mediante el hambre, las enfermedades y los más disímiles escollos a su bienestar y progreso económico y social.

La información que se recoge en este informe, y que es solo una parte de lo que se puede decir públicamente, incluye ejemplos contundentes y datos detallados de las afectaciones causadas por el bloqueo al pueblo cubano, profundizando en las incidencias más recientes.

Toda consideración de la política del bloqueo debe realizarse desde una óptica histórica, pues solo así podrán tomarse en cuenta los graves desafíos enfrentados por la nación cubana por más de dos siglos. Nunca un país se ha visto sometido de manera tan continuada y permanente al peligro que representa un vecino tan poderoso y que históricamente ha pretendido dominarlo y anexarlo. La historia no ha dejado espacio a la duda acerca de las intenciones reales de la política de los Estados Unidos hacia Cuba, especialmente después del triunfo de la Revolución Cubana en 1959.

En su afán de destruir el sistema político, económico y social establecido por el pueblo cubano con su Revolución -sostenido, consolidado y desarrollado por la firme y abrumadoramente mayoritaria voluntad soberana del pueblo- la aplicación de sanciones económicas ha sido una pieza clave de la política de hostilidad y agresión de los Estados Unidos contra Cuba.

Estudios preliminares dan fe de que las afectaciones a Cuba por la aplicación de esta política genocida podrían superar ya los 72 mil millones de dólares. Esta cifra, aún conservadora, no incluye los más de 54 mil millones de dólares imputables a daños directos ocasionados a objetivos económicos y sociales del país por los sabotajes y acciones terroristas estimuladas, organizadas y financiadas desde los Estados Unidos.

La absoluta falsedad de las muy diversas excusas, que por más de cuatro décadas han empleado las sucesivas administraciones norteamericanas para intentar justificar la imposición de una guerra económica y política contra Cuba, ha quedado demostrada en los propios documentos oficiales estadounidenses desclasificados en 1991. En estos aparecen testimonios y pruebas irrefutables de que esa hostilidad antecedió a cualquier medida adoptada por el Gobierno Revolucionario a partir de 1959.

La guerra económica contra Cuba comenzó mucho antes de que el bloqueo fuera formalmente establecido por una orden ejecutiva del Presidente de los Estados Unidos. Su carácter extraterritorial, que se institucionalizó con la Ley Torricelli de 1992, afectó siempre el comercio, las relaciones financieras y las inversiones no sólo entre ambos países, sino de Cuba con terceros.

El bloqueo privó de forma abrupta y drástica a Cuba de todo vínculo con Estados Unidos, nuestro más cercano mercado, donde se realizaba históricamente la mayor parte del comercio exterior cubano y al cual estábamos vinculados tecnológicamente.

Cuba tuvo entonces que reorientar sus vínculos económicos, buscando en regiones lejanas fuentes de suministros y nuevos mercados para sus exportaciones. Todo esto implicó enormes gastos en transportes y fletes y el sobredimensionamiento de inventarios y reservas, con un elevado costo de inmovilización de recursos.

Los problemas que enfrentaba la economía cubana debido al bloqueo se vieron acrecentados cuando, luego del proceso de desintegración del sistema de cooperación económico socialista y de la propia Unión Soviética, Cuba sufrió nuevamente la desarticulación de sus relaciones con sus antiguos socios comerciales: la URSS y los países de Europa del Este. Estados Unidos consideró, entonces, que era el momento indicado para asestarle el golpe final a la Revolución Cubana.

Así, en 1992 se aprueba la Ley Torricelli, que cortó abruptamente el comercio de medicinas y alimentos que Cuba mantenía con subsidiarias de compañías estadounidenses asentadas fuera del territorio norteamericano, y estableció severas prohibiciones contra la navegación marítima desde y hacia Cuba.

Sin embargo, insatisfechos aún por no haber logrado el colapso del sistema económico y político del país, en 1996 se adopta la Ley Helms-Burton. Esta última, confirió jerarquía de ley a todas las prohibiciones del bloqueo e intentó impedir la inversión extranjera en Cuba, a la par que institucionalizó la subversión, financiada y dirigida por el Gobierno de los Estados Unidos, como método para quebrar la voluntad independentista del pueblo cubano.

Este marco legislativo, que extiende su acción contra toda la comunidad internacional, ha sido complementado con ulteriores disposiciones y medidas para recrudecer el bloqueo.

El declarado irrespeto a las normas del Derecho Internacional por parte del gobierno de los Estados Unidos, no concluyó con la promulgación de la Ley Helms-Burton en 1996. En franca violación de la legislación y los compromisos de Estados Unidos en materia de propiedad intelectual y, del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), se aprobó la Sección 211 de la Ley Ómnibus de Asignaciones Presupuestarias para el año 1999. A resultas de la Sección 211, se intenta escamotear la marca de ron cubano Havana Club a sus legítimos propietarios, con el objetivo de otorgar la comercialización del producto, primero en los Estados Unidos y después en terceros países, a espurios e ilegales reclamantes.

Tal como fuera denunciado en el informe que Cuba presentó el pasado año, contenido en el documento A/57/264, el fraudulento arribo al poder en los Estados Unidos de la Administración de Presidente George W. Bush, ha impuesto un recrudecimiento de la retórica anticubana y un mayor apoyo a las organizaciones extremistas y terroristas de origen cubano en el Estado de la Florida, con las que el actual inquilino de la Casa Blanca tiene deudas electorales. Su vínculo con estos grupos, cuyas acciones terroristas y pro-anexionistas son bien conocidas, ha estimulado el endurecimiento de la política de bloqueo contra el pueblo cubano.

Si a lo largo de más de cuatro décadas las sanciones y restricciones económicas han estado acompañadas de iniciativas para crear, financiar y dirigir la subversión interna en la Isla, es esta Administración la que ha elevado a niveles inéditos su apoyo abierto a la subversión del orden constitucional cubano. De esta manera, se ha venido utilizando a la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana, para proveer de medios y financiamiento e impartir instrucciones a grupos de mercenarios pagados por y al servicio de la superpotencia, con el fin de que ejerzan su labor subversiva y pro-anexionista en Cuba, en franca violación y desafío de la institucionalidad cubana y de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

A lo anterior se añade la decisión del Presidente George W. Bush de designar y promover a funcionarios con una connotada posición anticubana, a cargos claves en el gobierno de Estados Unidos. El discurso siempre amenazante del Presidente Bush y de estos funcionarios respecto a Cuba, es una clara evidencia de los peligros que enfrenta el pueblo cubano. Algunos entre ellos han aclarado que la agresión militar contra Cuba no está definitivamente descartada.

El aumento de la escalada propagandística anticubana y la violación por Estados Unidos de los acuerdos bilaterales en materia migratoria, que entre otros graves aspectos incluye una drástica reducción del otorgamiento de visas tanto a emigrantes, como a visitantes temporales procedentes de nuestro país, tienen el objetivo de generar una crisis migratoria que ofrezca el pretexto para intervenir en Cuba.

El pasado 26 de marzo el secretario de Estado, Colin Powell, anunció el otorgamiento de importantes fondos federales para apoyar las ilegales transmisiones de radio y televisión contra Cuba, lo que contradice las reglamentaciones establecidas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). La violación de nuestro espacio radioelectrónico, con más de 2 200 horas semanales de transmisiones hacia Cuba, tiene como objetivo estimular la subversión interna, los planes de sabotaje, la emigración ilegal, y difundir las más insólitas mentiras y patrañas contra nuestro país.

Como parte de los compromisos asumidos por la Administración Bush con la mafia cubano-americana de Miami, el pasado 20 de mayo, en una clara escalada en la agresión radioelectrónica, la emisora de radio creada y operada por el Gobierno estadounidense con el objetivo de promover la subversión en Cuba, pérfida y ultrajantemente bautizada con el nombre de José Martí, transmitió en cuatro nuevas frecuencias. Con esta agresión se provocaron interferencias a las transmisiones radiales cubanas.

En horas de la tarde del mismo día, la señal televisiva transmitida con iguales propósitos hacia Cuba por los servicios oficiales de propaganda norteamericanos, salió al aire de seis a diez de la noche, transmitiendo desde una aeronave de las fuerzas armadas de los Estados Unidos, y utilizando canales y sistemas asignados legalmente a estaciones cubanas de televisión e inscritas debidamente en la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), lo que afectó severamente servicios de televisión cubanos, en particular programas educativos y culturales.

Anteriormente, el 24 de marzo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), una de las oficinas del gobierno norteamericano que velan por el cumplimiento del bloqueo, había emitido nuevas regulaciones que endurecen tal política. Con ello, se limitaron todavía más los viajes de los norteamericanos a Cuba y fueron totalmente eliminadas las licencias que se otorgaban para viajes de intercambio educacional pueblo a pueblo. Además, a tono con esta escalada agresiva, se aumentaron las facilidades para aquellos que pretendan viajar a nuestro país con el fin de aprovisionar a los grupúsculos mercenarios que conspiran para subvertir el orden constitucional cubano.

Estas nuevas regulaciones se añaden al recrudecimiento de las sanciones a los ciudadanos estadounidenses que viajan a Cuba. Uno de los casos más divulgados ha sido el de la anciana Joan Slote, trabajadora jubilada del sector de la salud, quien hace dos años viajó a Cuba por ocho días. ¿Cuál fue el grave delito de esta señora de 74 años? Ir de excursión a Cuba y recorrer parte de la Isla en bicicleta. Por esta “gravísima violación” de las regulaciones del bloqueo, le fue impuesta una multa de 8 500 dólares.

¿Cómo se explica, por otra parte, que más de 10 pacientes estadounidenses que el pasado año 2002 solicitaron viajar a Cuba para recibir los servicios de ozonoterapia en una institución cubana de gran prestigio científico, no pudieron visitar el país y beneficiarse de estos tratamientos como resultado de la política de bloqueo? ¿Tiene acaso algún sentido esta política?

Finalmente cabe recordar, que Cuba es el único país vedado, por ley, a los ciudadanos norteamericanos.

Por su parte, las ventas de alimentos a Cuba, solo autorizadas recientemente, están sometidas a complejos procedimientos y normas que dificultan enormemente su realización. Las empresas estadounidenses deben realizar engorrosos trámites burocráticos para obtener la licencia que las autorice a vender sus productos a Cuba. Asimismo, nuestro país debe efectuar las compras en efectivo; sin posibilidad de créditos financieros, ni siquiera privado; a través de bancos ubicados en terceros países; y en otras monedas, con las consiguientes pérdidas en las operaciones cambiarias.

La transportación de los productos que finalmente sean comprados, debe realizarse en buques norteamericanos o de terceros países, luego de obtener una licencia para ello. Cuba no puede utilizar su flota marítima en tales operaciones mercantiles, lo que provoca considerables perjuicios.

A ello se suma el hecho de que nuestro país no puede efectuar ningún tipo de venta a empresarios estadounidenses interesados en la compra de productos cubanos y por lo tanto, se excluye la posibilidad de crear fuentes de ingresos que permitirían ampliar las operaciones.

Por último, no es posible concebir el comercio entre dos Estados soberanos, sin que exista entre ambos un régimen normal de relaciones inter-empresariales, que permita la negociación, flujos financieros regulares, el transporte aéreo y marítimo, el beneficio de fórmulas habituales de apoyo al comercio exterior y el imprescindible acceso a créditos

El gobierno de los Estados Unidos, valiéndose de sus poderosos medios de comunicación, trata de imponer a la opinión pública nacional y extranjera, una imagen demoníaca del sistema político, económico y social que libremente, y por abrumadora mayoría, ha elegido para sí el pueblo de Cuba. Sin embargo, impone al mismo tiempo el silencio sobre el rechazo de la comunidad internacional a la política genocida de bloqueo, que han sufrido varias generaciones de cubanos.

Por otra parte, dicho Gobierno ignora y pretende ocultar las resoluciones aprobadas cada año por la Asamblea General de las Naciones Unidas desde 1992 en rechazo al bloqueo, y que el año pasado alcanzó una votación sin precedentes en ese órgano de participación universal.

Lejos de atender al reclamo de la comunidad internacional y de un creciente grupo de sectores de la propia sociedad estadounidense, incluyendo legisladores republicanos y demócratas de ambas cámaras del Congreso, de realizar un cambio en la política hacia Cuba, la actual Administración no solo ha endurecido su discurso haciéndolo más confrontacional, sino que ha continuado incrementando las medidas y acciones para recrudecer aún más el bloqueo a la nación cubana.

Sin embargo, son cada día más las voces que se unen al rechazo de la política de bloqueo a Cuba. La visita, en el primer trimestre del 2003, de 13 Congresistas estadounidenses a nuestro país, y la introducción en el Congreso de seis iniciativas que favorecen el levantamiento del régimen de sanciones, constituye un ejemplo palpable del creciente rechazo de importantes sectores de la sociedad norteamericana a la actual política de su Gobierno contra Cuba.

La aplicación sostenida de esta política agresiva por parte del Gobierno de los Estados Unidos, y la creciente hostilidad desplegada por la actual Administración contra el pueblo cubano, son pruebas irrebatibles del total desprecio de las principales autoridades de la superpotencia por el Derecho Internacional y los propósitos y principios contenidos en la Carta de las Naciones Unidas.

En momentos en que se ciernen sobre el mundo amenazas de guerra, y en que la potencia más poderosa de la historia intenta imponer una tiranía nazi-fascista a nivel mundial, el pueblo cubano continuará denunciando la política genocida de bloqueo, y con igual entereza y decisión, defenderá los logros y conquistas alcanzados en su proceso de profundas transformaciones revolucionarias.

Se requiere un breve recuento de las principales legislaciones que sustentan la aplicación extraterritorial de la política de bloqueo, para comprender la inmoralidad y la ilegalidad del mensaje de Estados Unidos cuando califica al bloqueo como una cuestión bilateral entre ambos países.

En 1992, como consecuencia del triunfalismo existente en los Estados Unidos tras su victoria estratégica en la llamada Guerra Fría, primaba en los círculos imperialistas de ese país la percepción de que había llegado el momento de destruir a la Revolución Cubana. Con ese fin, se aprobó la denominada Ley para la Democracia Cubana, conocida como Ley Torricelli.

En el año en que se firma la Ley Torricelli, Cuba adquiría por vía de compañías subsidiarias extranjeras o afiliadas a empresas norteamericanas, productos vitales como medicinas y alimentos. En 1991, el volumen de intercambio con subsidiarias ascendía a 718 millones de dólares. De ellos, el 91% constituían alimentos y medicinas. Este comercio fue eliminado drásticamente como resultado de la mencionada ley.

En virtud de la referida legislación, se prohibió la entrada a puertos estadounidenses por un período de 180 días, de buques, cualquiera fuera su nacionalidad o bandera, que tocaran puerto cubano o transportaran mercancías a/o por cuenta de Cuba, bajo amenaza de incluirlos en una “lista negra”, en franca violación de las más elementales normas de la libertad de comercio y navegación, establecidas por el Derecho Internacional, los acuerdos internacionales y las disposiciones de las Naciones Unidas en la materia.

Como si no fuera suficiente el menosprecio y la violación del Derecho Internacional, en 1996 Estados Unidos adopta la llamada Ley Helms-Burton, dirigida no sólo a impedir el comercio de Cuba con el resto del mundo, sino también a frenar el incipiente proceso de inversión extranjera en forma de capitales, tecnología y mercados.

Con esta Ley, los Estados Unidos se arrogan el derecho de decidir, oficial y públicamente, sobre los asuntos que se suponen sean atributos de la soberanía de otros Estados.

Por demás, esta ley indica al Secretario de Estado excluir de los Estados Unidos a los funcionarios y directivos de las compañías que violen el férreo bloqueo contra Cuba, impidiendo su libre entrada a territorio estadounidense, y obligando al Secretario a compilar una lista de personas “excluibles”.

Si bien ambas leyes intensificaron y agravaron esa inaceptable violación del Derecho Internacional, al imprimirle el sello parlamentario y la sanción presidencial, las disposiciones que las antecedieron y su aplicación práctica, siempre implicaron transgresiones a la soberanía de otras naciones.

El Gobierno de los Estados Unidos ha aplicado de modo extraterritorial su legislación, en menosprecio de los legítimos intereses de terceros países de invertir y desarrollar relaciones económicas y comerciales normales con Cuba. Ha desatado una persecución a cualquier empresa y su personal, que establezca, o simplemente se proponga establecer relaciones económicas, comerciales o científico-técnicas con Cuba.

No existe ningún sector de la economía cubana que no se haya visto afectado por los efectos extraterritoriales de esta política. De los 625 millones de dólares de afectaciones al comercio exterior cubano en el año 2002, como consecuencia del bloqueo, 178.2 millones de dólares, el 26%, son el resultado directo del efecto extraterritorial del mismo.

Existen suficientes ejemplos que demuestran la continuidad de esta política, que no conoce de excepciones, tan siquiera entre los más cercanos aliados de Estados Unidos. Algunos son los siguientes:

- Como parte del procedimiento habitual de operaciones bancarias de la recaudación consular, la Embajada de Cuba en el Reino Unido intentó cobrar en el Banco Citibank N.A., un cheque por valor de 30 mil libras esterlinas, emitido por la Agencia First Choice Hollidays, por concepto de venta de tarjetas turísticas. Desde hace varios años la mencionada agencia realiza compras de estas tarjetas y siempre ha pagado a través de cheques del Citibank, los cuales han sido cobrados sin dificultades por la entidad cubana.

Sin embargo, en noviembre del 2002 el cheque fue devuelto. El Citibank alegó la imposibilidad de honrarlo, debido a las sanciones de Estados Unidos contra Cuba. La agencia de viajes quedó sorprendida por la actitud de su banco y procedió a girar otro cheque contra un banco británico, el cual fue cobrado sin dificultad.

El Citibank N.A., de Londres, es una filial de un banco estadounidense y este acto es, según alega el Citibank por escrito, resultado directo del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, extendido a las sucursales o bancos en el extranjero.

- En febrero del 2003, la compañía británica ITS Caleb Brett, que por más de 25 años había prestado servicios a la empresa cubana Servicios Internacionales de Supervisión CUBACONTROL S.A., decidió suspender toda relación con Cuba, acatando las Regulaciones para el Control de Activos Cubanos, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

ITS Caleb Brett circuló instrucciones a todas sus oficinas territoriales en el mundo de no atender las solicitudes de Cuba, ni brindar sus servicios a cualquier carga destinada o proveniente de la Isla. Ante esta situación, la empresa cubana procedió a sustituir sus servicios por los de otras empresas de supervisión.

- El 7 de octubre del 2002, la compañía cubana Aerocaribbean se vió precisada a retirar de la comercialización una aeronave Boeing 737, arrendada a la compañía chilena Skyservice y trasladarla hacia Chile, lugar de matrícula. La premura de este retiro se debió a que la citada compañía canceló el contrato, como consecuencia de la presión del Gobierno estadounidense. Esto se comprobó en la comunicación enviada por la Boeing, donde se expresaba que por decisiones del Gobierno norteamericano, se encontraba impedida de proveer productos, servicios y cualquier otro medio de apoyo a Skyservice, dadas sus operaciones charter a Cuba. Por esta razón, además de otras afectaciones, la compañía cubana perdió alrededor de 1 millón de dólares, por concepto de incumplimiento de contratos suscritos con terceros y cancelación de negociaciones para establecer vuelos charters.

- En franca aplicación extraterritorial de la política de bloqueo contra Cuba, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, de manera arbitraria, mantiene una lista de “nacionales especialmente designados” de Cuba. En ella figura la compañía japonesa Kyoei International que mantiene amplias relaciones con Cuba. Esta acción, que persigue el evidente fin de amedrentar a otras empresas, ha traído por resultado que las compañías Toyota y Mitsubishi, no acepten realizar ofertas directas a Cuba para no correr igual suerte que Kyoei, y no afectar sus relaciones con el mercado estadounidense.

- A principios del mes de febrero del 2003 se publicó una información en el Fairplay Daily News, en Internet, anunciando que Ceres Terminals, Inc., compañía estadounidense que opera la terminal de contenedores Fairview Cove, en Halifax, Canadá, declinó cotizar el costo de estiba a la naviera italiana Costas, debido a que la línea toca el puerto de La Habana. Según plantearon, esta acción respondía a la asesoría de sus abogados, ya que temían eventuales problemas con Washington a causa de la presencia de contenedores cargados en el puerto de La Habana.

- A inicios del 2003, las negociaciones para la compra de envases de compotas para los niños cubanos se frustraron debido al temor del proveedor extranjero de verse expuesto a sanciones bajo la Ley Helms-Burton. La búsqueda de un nuevo proveedor provocó una demora considerable en la contratación y posterior adquisición del producto, con la consecuente afectación para la industria cubana.

- El 23 de marzo del 2003, se embarcó desde La Habana un contenedor con 1 894 cajas de jugos de la marca Tropical Island, producido por la empresa cubana Río Zaza, con destino a la compañía japonesa ASHU-4, travesía en la que se preveía una escala en un puerto intermedio.

Por decisión de un especialista de la compañía naviera de ahorrar cinco días en la travesía, se realizó la escala en un puerto de Los Angeles, EE.UU., lo que propició que por presión de las autoridades federales norteamericanas, se incautara el contenedor, alegando las restricciones que impone el bloqueo. Este hecho prueba hasta que punto de irracional y ridículo, puede llegar la política de bloqueo.

Estados Unidos, autoproclamado como campeón del libre comercio en el mundo, es el mismo que pretende, como una condición sine qua non, que el mundo participe del bloqueo a Cuba, violando las normas más elementales del libre comercio.

(Continúa)