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 N U E S T R A   A M E R I C A

La Habana. 1 de agosto de 2003

ARGENTINA
Criminales en ascuas

POR JOAQUIN ORAMAS

LA decisión del presidente Néstor Kirchner de derogar el decreto que impedía la extradición de argentinos requeridos por crímenes cometidos durante la dictadura militar (1976-1983), trajo de nuevo a la actualidad el proceso contra altos jefes militares y otros oficiales del régimen castrense al que le imputan más de 30 000 desaparecidos.


En la imagen, ex altos jefes de
 la dictadura militar. Fila de arriba
 (desde la izquierda): Eduardo
 Massera; general Antonio Domingo
 Bussi; dictador Jorge Videla y
 general Guilermo Suárez Masón.
 Fila de abajo (desde la izquierda):
 brigadier Basilio Lami Dozo,
 capitán Alfredo Astiz (el Angel
 de la Muerte); almirante Jorge Isaac
 Anaya y Armando Lambruschini.

La decisión del Presidente de Argentina ocurrió después que la justicia de ese país dispuso la detención de 43 militares y un civil, en respuesta a las solicitudes de extradición de España y otros países. Kirchner anuló un decreto del Gobierno de Fernando de la Rúa que impedía la autorización de esas solicitudes de extradición.

El Mandatario argentino descartó que exista malestar en la cúpula de las Fuerzas Armadas por las detenciones y su posible extradición.

Por otra parte, algunos portavoces oficiales expresaron su respaldo a que los autores de crímenes durante la dictadura militar sean juzgados por tribunales argentinos. Para ello es necesario que la Corte Suprema de Justicia dictamine que son inconstitucionales la leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que pusieron fin a los procesos penales contra los miembros de las Fuerzas Armadas que llevaron a cabo la represión en Argentina durante la dictadura.

Mientras tanto, en España, la Sala Penal de la Audiencia Nacional respaldó al juez Baltazar Garzón en sus propósitos de concretar la solicitud de extradicción de los genocidas argentinos. Un tercio de los represores solicitados por Garzón ya se hallaban detenidos por causas como el robo de bebés cuyas madres fueron desaparecidas.

A su vez, se anunció en París que las autoridades francesas tramitrán la extradición del torturador argentino Alfredo Artiz, conocido como el Angel de la Muerte, acusado de ser autor de la muerte de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet. Por otra parte, Alemania, Italia e Israel anunciaron que reiterarían los pedidos de extradición de militares que asesinaron a ciudadanos de esos países y que presentaron en años anteriores con resultados negativos.

En respaldo a la reapertura de este proceso, el ministro de Justicia argentino, Gustavo Béliz, manifestó que la justicia de ese país tiene una oportunidad única para liderar un camino en la lucha contra la impunidad.

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