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Bush nomina como Procurador
General a latino que justificó tortura
en Abu Ghraib
• Defensores de derechos civiles cuestionan al "arquitecto
de una política ilegal e inmoral" (Tomado de La Jornada) WASHINGTON Y NUEVA YORK.—
El presidente George W. Bush nominó como su próximo procurador general al consejero legal de la Casa Blanca que elaboró la justificación legal para emplear la tortura contra detenidos y descartó la aplicación de la Convención de Ginebra en la "guerra contra el
terrorismo".
 Alberto González será el primer latino (mexicano-estadounidense) en ocupar el puesto al frente del Departamento de Justicia.
"Siempre me ha brindado su opinión franca", declaró Bush al anunciar su selección para sustituir a John Ashcroft. "Es una voz calmada y firme en tiempos de crisis", subrayó. Sin embargo, el
nombramiento probablemente dividirá a las organizaciones latinas en este país, algunas de las cuales elogiaron la selección. De inmediato, grupos de defensa de libertades y derechos civiles cuestionaron el nombramiento como Procurador General de alguien que calificó las protecciones de la Convención de
Ginebra para participantes en conflictos armados como algo "pintoresco" y "obsoleto". El procurador general John Ashcroft, ultraconservador y ex senador de Missouri, que por su religión no fuma, no toma ni baila —se dice que ordenó
vestir a las estatuas desnudas del Departamento de Justicia— renunció el martes. Es casi seguro que la mayoría republicana en el Senado ratifique el nombramiento de González como el primer procurador general latino en la historia de Estados Unidos. El ex juez texano y colaborador del Presidente fue considerado inicialmente —según los rumores extraoficiales— como candidato principal de Bush a la Suprema Corte, para llenar el hueco que dejará en los próximos meses William Rehnquist, quien recientemente anunció que padece
cáncer. Bush aún podría nombrar a González a ese tribunal supremo, pero algunos analistas interpretan el anuncio como señal de que se está considerando a otros para la Suprema Corte. A pesar de que todos esperan que el Senado finalmente
aprobará el nombramiento de González, se espera que provocará un intenso debate y podría convertirse en la primera prueba de que tanto está dispuesta la minoría demócrata a enfrentarse con la Casa Blanca. Como abogado en Houston, González fue socio de un bufete que tenía entre sus clientes a la empresa
Enron, y ha sido considerado como un aliado cercano a Bush desde hace más de 10 años. Pero aún más controvertido ha sido su papel como consejero legal de la Casa Blanca. González encabezó el desarrollo de las justificaciones legales para
la práctica del gobierno de Bush de detener a "sospechosos" en la guerra contra el terrorismo sin cargos formales, sin acceso a abogados y sin cumplir con las obligaciones de la Convención de Ginebra. Recientemente la Suprema Corte
determinó que estas detenciones son ilegales, pero el gobierno de Bush continúa desafiando las órdenes judiciales en los tribunales inferiores. Esta semana un juez federal ordenó congelar los primeros juicios militares en Guantánamo,
argumentando que las llamadas "comisiones militares" nombradas por el Presidente para realizar estos juicios no cumplían con requisitos legales para un proceso imparcial y violaban la Convención de Ginebra. Fue el equipo de abogados al
mando de González el que desarrolló una serie de justificaciones legales argumentando que ciertas categorías de detenidos en conflictos fuera del contexto de una guerra tradicional, no eran sujetos de la Convención de Ginebra, señalando que están acusados de trabajar con Al Qaeda y otras organizaciones
terroristas que no son consideradas como una fuerza armada estatal tradicional. González también caracterizó las prohibiciones contra la tortura en la Convención de Ginebra como "pintorescas" y sostuvo que el Presidente como comandante
en jefe de las fuerzas armadas de Estados Unidos no necesitaba cumplir con las convenciones, por otras prohibiciones internacionales contra la tortura, ni con las propias leyes estadounidenses contra la tortura, ya que ésta no era una guerra tradicional y que los detenidos no estaban en territorio
nacional. En un detallado documento de más de 50 páginas, el consejero legal también ofreció lo que en efecto es un mapa para funcionarios estadounidenses que deseaban evadir las prohibiciones legales contra la tortura y el empleo de
fuerza para extraer confesiones de los detenidos. Algunos abogados militares estadounidenses estaban tan indignados por estas justificaciones legales que las filtraron a los medios y la Casa Blanca fue obligada a insistir en que ha
abandonado estas prácticas. Pero persisten versiones de que se siguen empleando prácticas posiblemente ilegales contra los detenidos por Estados Unidos, y a pesar de varios fallos de la Suprema Corte (y su mayoría conservadora) condenando el tratamiento de los prisioneros por las fuerzas estadounidenses,
el gobierno de Bush continúa batallando contra estos impedimentos judiciales. El Centro de Derechos Constitucionales (CCR) en Nueva York denunció el nombramiento. "Convertir a Alberto González en procurador general de Estados Unidos
sería una farsa. Implicaría tomar uno de los arquitectos legales de una política ilegal e inmoral e instalarlo como el funcionario encargado de proteger nuestros derechos constitucionales", afirmó el abogado Michael Ratner, presidente de CCR. Señaló que los documentos desarrollados por González
justificando la tortura "pavimentaron el camino a Abu Ghraib". Pero el Consejo Nacional de La Raza —la organización latina más antigua y una de las más influyentes del país— elogió el nombramiento. "González es un servidor público
pensante y razonable, un hombre de palabra, y tenemos toda expectativa de que su nombramiento será bien recibido en la comunidad latina". La ultraconservadora Coalición Cristiana también elogió la designación. El nominado deberá
responder a preguntas sobre su participación y autoría en el desarrollo de estas controvertidas justificaciones legales, y las audiencias en el Senado sobre su nombramiento podrían convertirse en un foro para el debate más amplio sobre las violaciones de las libertades y garantías civiles domésticas e
internacionales bajo la presidencia de Bush. Pero los republicanos, ahora con amplia mayoría en el Senado, intentarán limitar este debate y acelerar el voto de ratificación. Antes de aceptar su cargo actual en la Casa Blanca, González
fue juez en la Corte Suprema estatal de Texas. Antes de integrarse a esa corte, fue secretario de Estado de Texas y, según su biografía oficial de la Casa Blanca, es "el enlace principal sobre México y asuntos fronterizos" para el gobierno de Bush.
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