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Cuba no claudicará
en la defensa de su independencia
Informe
de Cuba sobre la Resolución 58/7 de la Asamblea
General de las Naciones Unidas “ Necesidad de poner
fin al bloqueo económico, comercial y financiero
impuesto por los Estados Unidos de América contra
Cuba
La Habana, 30 de septiembre del 2004
INTRODUCCIÓN
La acumulación de más de cuatro décadas de
sufrimiento para el pueblo cubano, por su decisión
soberana de resistir el bloqueo que le ha sido
impuesto, preservando su independencia, y sin
renunciar a su derecho de construir un modelo de
desarrollo propio, es un asunto que la
Administración del presidente George W. Bush maneja
con absoluto desprecio.
La condena desde hace 12 años, que hoy es
prácticamente unánime, por la Asamblea General de la
ONU a ese engranaje genocida que eufemísticamente
las autoridades norteamericanas llaman “embargo”, es
continuamente burlada.
El gobierno del presidente George W. Bush tampoco
presta atención al cuestionamiento que su política
hacia Cuba genera en amplios sectores de la sociedad
norteamericana que, cada vez con mayor
determinación, exigen el cambio de la misma. Tal
política no solo pretende asfixiar al pueblo cubano
y afectar sus relaciones con terceros países, sino
también prohíbe y restringe libertades esenciales
para el pueblo estadounidense, incluso algunas de
rango constitucional.
El período que analiza este informe (segundo
semestre del año 2003 y primer semestre del año en
curso), pasará a la historia como uno de los de
mayor virulencia en el colosal crimen que lleva por
nombre “Bloqueo”.
Las nuevas medidas articuladas durante este período
por el gobierno norteamericano, se añaden al
entramado de leyes y regulaciones que han conformado
el bloqueo contra Cuba por más de cuatro décadas y
evidencian su desesperación tras el fracaso de sus
intentos de aislarla y rendir por hambre y
enfermedades al pueblo cubano. Tienen el objetivo de
hacer realidad el designio de dominación a la nación
cubana que ha guiado por más de un siglo la
actuación de los sectores de la ultraderecha
norteamericana.
Tales medidas persiguen, además, saciar el odio y
sed de venganza de un grupo minoritario y extremista
de origen cubano que no repara en acudir a prácticas
terroristas contra el pueblo de la Isla, y con el
que el presidente George W. Bush mantiene una deuda
de gratitud por su participación directa en la
organización y consumación del fraude en las
elecciones del año 2000 en el Estado de la Florida.
Entre los hechos más relevantes que marcan la etapa
comprendida por este informe se encuentran:
• El 30 de septiembre de 2003, la Oficina de Control
de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del
Tesoro de los Estados Unidos emitió una regulación
para prohibir la publicación de artículos
científicos provenientes de aquellos países sujetos
a un régimen de sanciones por el gobierno de los
Estados Unidos, entre los que se encuentra Cuba. Lo
hizo, bajo el pretexto de que el proceso de edición,
es decir, “la revisión, modificación y publicación”
resultaría en un “servicio” que suma valor a los
artículos en cuestión, lo que violaría la Ley de
Comercio con el Enemigo. Luego de fuertes presiones
de la comunidad científica y académica
estadounidense, la medida fue suspendida el 5 de
abril del 2004.
• El 10 de octubre de 2003, el presidente George W.
Bush anunció, desde la Casa Blanca, la creación de
la llamada “Comisión de Ayuda a una Cuba Libre” y el
incremento de los controles y mayor vigilancia para
la aplicación de las prohibiciones de viajes a Cuba.
• El 9 de febrero de 2004, el Secretario del Tesoro
norteamericano, John Snow, en una nueva medida de
carácter extraterritorial, anunció en la ciudad de
Miami el bloqueo inmediato por la OFAC de los bienes
bajo jurisdicción estadounidense de diez empresas de
“propiedad del gobierno cubano o controladas por el
gobierno o nacionales cubanos”, que se
especializaban en la promoción de viajes a Cuba y el
envío de regalos. Ello incluía entidades organizadas
y localizadas en Argentina, Bahamas, Canadá, Chile,
Holanda y el Reino Unido.
Ese mismo día, dicho funcionario realizó un recuento
sobre el grado de aplicación de la decisión del
Presidente estadounidense de incrementar los
controles a los viajes a Cuba, detallando el número
de vuelos inspeccionados, las multas impuestas y los
decomisos realizados.
• El 26 de febrero de 2004, el presidente George W.
Bush firmó la Proclama Presidencial 7757 que
restringe la salida del territorio de los Estados
Unidos de las embarcaciones que tienen intención de
entrar a Cuba. Las regulaciones para su puesta en
vigor, emitidas por el Servicio de Guar-dacostas el
8 de julio del 2004, declaran abiertamente que el
objetivo que estas persiguen es “mejorar la
aplicación del embargo contra el gobierno de Cuba”.
Se prevén sanciones de hasta 25 000 dólares, o cinco
años de prisión, o ambas, así como la confiscación
de las embarcaciones de los infractores.
• En este período, el gobierno norteamericano desató
fuertes presiones sobre instituciones bancarias de
terceros países para obstaculizar e impedir las
operaciones financieras cubanas. Cuba utiliza esos
ingresos en divisas para realizar sus operaciones de
importación de medicinas, alimentos y otros bienes
de consumo y de los insumos necesarios para el
funcionamiento de su economía y servicios sociales
básicos.
En fecha reciente, el gobierno de los Estados Unidos
impuso una multa de 100 millones de dólares a la
entidad bancaria suiza UBS, por realizar
transacciones financieras en dólares con
determinados países, entre ellos Cuba.
• El 6 de mayo de 2004, el presidente George W. Bush
aprobó en su totalidad el Informe de la llamada
“Comisión de Ayuda a una Cuba Libre”, que incluye
unas 450 recomendaciones y propuestas de nuevas
medidas para derrocar a la Revolución Cubana e
instaurar un régimen títere bajo el control total de
los Estados Unidos, que ejercería la completa
dominación sobre la nación cubana.
• Finalmente, el 30 de junio de 2004, entraron en
vigor las regulaciones que endurecen las medidas
anunciadas el 6 de mayo, que constituyen una
violación de la independencia y la soberanía cubana,
y una escalada sin precedentes de las violaciones
masivas y flagrantes de los derechos humanos de la
población cubana, de los cubanos que residen en los
Estados Unidos y de los propios ciudadanos
estadounidenses.
El bloqueo económico, financiero y comercial que
diez administraciones estadounidenses han venido
aplicando y fortaleciendo contra Cuba, y que
comprende hoy un complejo entramado de leyes y
reglamentaciones, forma parte de toda una política
de hostilidad y agresiones contra la existencia
misma de la nación cubana, entendida esta como un
proyecto de construcción soberano e independiente de
los cubanos y para los cubanos.
La voraz apetencia de los Estados Unidos por Cuba y
sus recursos naturales y humanos se remonta al
surgimiento mismo de la Unión Americana, cuando se
iniciaron esfuerzos por anexarse a Cuba a través de
las vías más disímiles, que incluyeron desde
fracasados intentos de compra, pasando por el
estímulo y apoyo a fuerzas anexionistas dentro de la
colonia española, hasta la intervención y ocupación
militar directa.
Nunca los gobiernos norteamericanos del siglo XIX
reconocieron a la República de Cuba en Armas. Por el
contrario, obstaculizaron e interrumpieron en varias
oportunidades los canales de envío del apoyo que su
pueblo y los cubanos emigrados en ese país
procuraron a la causa redentora del pueblo cubano.
Tras la intervención militar norteamericana en 1898,
que arrebató a los cubanos el derecho ganado a ser
libres tras 30 años de desigual batalla, nació una
“república” en Cuba sometida al tutelaje humillante
de una enmienda constitucional, la Enmienda Platt,
que legitimaba la entidad neocolonial de la Isla.
Durante más de medio siglo, las administraciones
estadounidenses sometieron al pueblo cubano a su
dominación imperial y a la explotación del
patrimonio nacional por sus monopolios, gracias a la
complicidad y sometimiento de sucesivos gobiernos
corruptos. Asimismo, impusieron brutales dictaduras
militares cuando fue necesario acallar con sangre
las justas reivindicaciones y el profundo
sentimiento antiimperialista que se consolidó en el
pueblo cubano.
Una oligarquía criolla dependiente y beneficiaria de
las estructuras de control neocolonial del país,
demostró su incapacidad para encabezar y ni siquiera
acompañar un proyecto de genuino desarrollo
nacional.
Con el triunfo de una profunda revolución social en
1959, los círculos imperialistas en Estados Unidos,
que ejercieron el control de la Isla y que
rápidamente percibieron el ejemplo de la Revolución
Cubana como un claro desafío a sus planes de
dominación hegemónica, decidieron utilizar su poder,
a través de sucesivas administraciones republicanas
y demócratas, para iniciar, sostener y recrudecer
con el paso de los años, una guerra no declarada,
destinada a reimponer su dominación a la nación
cubana, y si ello no fuera posible, simplemente
exterminarla en su rebeldía.
La guerra en las esferas económica, comercial y
financiera se inició contra Cuba aun antes de que el
gobierno revolucionario adoptara cualquier medida
que afectara a las compañías norteamericanas, que
controlaban la vida económica del país.
A la par del estímulo, organización y financiamiento
de una invasión mercenaria por Playa Girón (Bahía de
Cochinos), numerosos actos de terrorismo —incluidos
sabotajes contra objetivos económicos y sociales,
atentados para asesinar a los principales
dirigentes, ataques armados contra poblaciones y
familias indefensas, hasta acciones de agresión
bacteriológica—, campañas mediáticas de mentiras
furibundas contra la Revolución Cubana, aliento a la
subversión y financiamiento a la contrarrevolución
externa y en el interior de la Isla y el cruel
estímulo a la emigración ilegal, fue tomando cuerpo
la compleja y tenebrosa red de medidas, leyes y
programas que hoy conforman el bloqueo unilateral de
Estados Unidos contra el pueblo cubano.
En 1992 se aprobó la Ley Torricelli, que
abruptamente cortó el comercio de medicinas y
alimentos de Cuba con las subsidiarias de compañías
estadounidenses asentadas fuera del territorio
norteamericano, y estableció severas prohibiciones a
la navegación marítima desde y hacia Cuba,
institucionalizando con fuerza de ley, claras
disposiciones extraterritoriales.
La aplicación de la Ley Torricelli significó un duro
golpe al pueblo cubano. Fue concebida con el cínico
y criminal propósito de dar la estocada final y
arruinar la economía nacional, que atravesaba graves
dificultades tras la abrupta ruptura de sus
relaciones económicas, comerciales y de colaboración
con la ex Unión Soviética y los antiguos países
socialistas de Europa Oriental. Como esa apuesta por
el colapso de la Revolución Cubana se convirtió en
un nuevo fracaso de la política de hostilidad
anticubana de los gobiernos de Estados Unidos, se
decidió entonces escalar la guerra económica,
política y diplomática contra la nación cubana a
niveles sin precedentes en la historia de la
política exterior de Estados Unidos.
En 1996 se adoptó la Ley Helms-Burton que, entre
otras cuestiones perfecciona hasta el detalle los
mecanismos de represión al más mínimo vínculo
económico, comercial y financiero de empresas
norteamericanas con la Isla; incrementa el número y
alcance de las disposiciones de efecto
extraterritorial con el objetivo de perseguir
cualquier transacción o negocio que beneficie a la
economía cubana; persigue y sanciona a los
inversionistas extranjeros en Cuba; autoriza el
financiamiento de acciones hostiles, subversivas y
agresivas contra el pueblo cubano, entre ellas la
guerra radioelectrónica de desinformación,
perfeccionando las transmisiones de las mal llamadas
Tele y Radio “Martí”; plantea un programa dirigido a
destruir el sistema constitucional que se ha dado el
pueblo cubano y a imponer un “cambio de régimen” que
garantice la realización de los objetivos de
dominación de los círculos imperialistas de Estados
Unidos a la nación cubana.
A partir de entonces, se fueron sumando, una tras
otra, en una larga lista, nuevas acciones y medidas
de hostilidad y agresión, tratando de tapar
cualquier orificio o grieta que se detectara en el
cerco o muro de sanciones creadas para bloquear a
Cuba.
Según cifras actualizadas en el 2004 por la Oficina
Nacional de Estadísticas de la República de Cuba, el
69 % de la población residente en el país nació
después de 1959, por lo que aproximadamente siete de
cada diez cubanos han nacido y vivido bajo el
régimen de sanciones unilaterales del bloqueo
norteamericano.
La evaluación económica de los daños directos
sufridos por el pueblo cubano por la aplicación del
bloqueo, efectuada por el Instituto Nacional de
Investigaciones Económicas, con la participación de
especialistas de diversos ministerios, empresas y
otras instituciones cubanas, revela que estos
superan la cifra de 79 325.2 millones de dólares.
Debe destacarse que en dicho cálculo solo se
contemplan los daños directos ocasionados a nuestra
economía, no así la mayor parte de los perjuicios
económicos indirectos que se derivan de estas
afectaciones.1
Si el país hubiera podido disponer de esos recursos,
los mismos habrían tenido un efecto multiplicador en
la elevación del nivel de vida de su población.
No se incluye, por ejemplo, el valor de los
productos dejados de producir por las restricciones,
o las onerosas condiciones que se le imponen a Cuba
para la obtención de créditos de inversiones,
comercio, bancarios e internacionales. De haber
podido acceder en los niveles y condiciones promedio
al financiamiento otorgado a otros países de similar
nivel de desarrollo económico en la región, la
economía del país mostraría un grado muy superior de
desarrollo.2
Resulta inconcebible que en una coyuntura en que la
comunidad internacional aúna esfuerzos de
cooperación para alcanzar esenciales e
impostergables metas de desarrollo para todos, el
país más poderoso económica y militarmente del
mundo, por mezquinos intereses de política interna y
de dominación mundial, insista en escamotear los
escasos recursos que podrían hacer más pleno el
bienestar y rápido el progreso de un pueblo, que ha
demostrado de modo fehaciente, su voluntad de
compartir, sin condicionamientos, sus modestos
logros y realizaciones con cualquier otro pueblo del
planeta.
Cuba no representa una amenaza o peligro alguno para
los Estados Unidos. El mundo y amplios sectores de
la sociedad norteamericana, lo conocen
perfectamente. Tampoco son muchos los que siguen
engañados por el falso y fariseo pretexto de acudir
a la supuesta defensa de los derechos humanos para
justificar la hostilidad feroz contra el pueblo
cubano.
¿Cómo podría pretender arrogarse el título de
defensor de los derechos humanos del pueblo cubano,
el gobierno que es responsable de las más atroces y
premeditadas agresiones contra las políticas y
programas dirigidos a promover el desarrollo
económico y social, el bienestar, la seguridad y el
derecho a la vida de los cubanos y cubanas?
¿Cómo podría adelantar la “democracia” en cualquier
parte del mundo, el gobierno que fabrica mentiras
como pretexto a sus “guerras preventivas”, que en
realidad son guerras imperialistas para el control
de recursos y de zonas geográficas de elevada
importancia estratégica?
¿A quién podría convencer de su apego al “estado de
derecho”, el gobierno que pisotea las normas básicas
del derecho internacional y desprecia los acuerdos
alcanzados en espacios multilaterales tan
importantes y universales como la Asamblea General
de las Naciones Unidas y la Organización Mundial del
Comercio, el mismo que reclama su inmunidad frente a
las disposiciones de la Convención contra la Tortura
y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes, para asegurarse la impunidad por las
brutales y humillantes prácticas instruidas por sus
autoridades para el tratamiento a prisioneros en
Iraq o a los que permanecen detenidos
arbitrariamente en los campos de concentración
establecidos en el territorio ilegalmente ocupado
por la Base Naval estadounidense en la bahía cubana
de Guantánamo?
¿Cómo podría “asistir” al progreso y bienestar del
pueblo cubano un gobierno que ha agravado las
desigualdades e injusticias al interior de la
sociedad norteamericana, que ha apoyado el
desmantelamiento de los programas de acción
afirmativa a favor de minorías desfavorecidas y
relegadas —como sus ciudadanos de origen latino y
los afroamericanos— y que con sus políticas sociales
y fiscales a favor de los ricos, ha incrementado el
número de norteamericanos sin seguro médico a un
ritmo de un nuevo millón cada año?
Resultaría imposible para la Administración de Bush
sostener su política de hostilidad, bloqueo y
agresiones contra Cuba en una supuesta necesidad de
promover y proteger los derechos humanos en la Isla.
El gobierno que más ha contribuido, en menos tiempo,
al descalabro y descrédito del sistema internacional
de promoción y protección de los derechos humanos no
tiene ni credibilidad, ni moral, ni derecho para
ello.
El pueblo de Cuba rechaza el modelo de organización
política y social que intenta restablecer en la Isla
el gobierno de Estados Unidos para recuperar sus
mecanismos de injerencia y dominación, así como las
recetas neoliberales que pretende imponer a la
reorganización y conducción de su economía. Los
cubanos y cubanas consideran que el esquema que le
proponen los círculos de poder de la superpotencia
no resuelve los problemas, necesidades e intereses
históricos de la nación cubana, ni responde a sus
aspiraciones de seguir construyendo una sociedad más
justa, democrática y equitativa.
Conforme a lo dispuesto en el inciso (c) del
artículo II de la Convención de Ginebra para la
Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, del
9 de diciembre de 1948, el bloqueo impuesto por el
gobierno norteamericano contra Cuba califica como un
acto de genocidio y, por consiguiente, constituye un
delito de Derecho Internacional.
La condena a cualquier acto de genocidio y la
necesidad de ponerle fin, no permiten posturas
ambiguas. El pueblo cubano no puede comulgar con
intento alguno de mediatizar el nivel de rechazo al
bloqueo brutal al que es sometido.
Cuba confía en que una abrumadora mayoría de
gobiernos de todo el mundo, como lo hacen los
pueblos y las personas dignas y honestas de las más
diversas latitudes, siga reconociendo la importancia
vital de oponerse a la continuidad de una ilegal
política de hostilidad y agresiones unilaterales,
que socava los cimientos mismos del multilateralismo.
Aunque el pueblo cubano conoce perfectamente que su
principal garantía de existencia y desarrollo como
nación soberana e independiente, radica en su
determinación de unidad, resistencia y victoria
frente a cualquier amenaza o agresión, agradece
sinceramente el apoyo y solidaridad de la comunidad
internacional. Tal respaldo, además de servir de
claro estímulo ético, moral y de derecho, demuestra
que la batalla que hoy libra tiene una trascendencia
universal y sirve al objetivo común de alcanzar un
mundo mejor que, además de posible, resulta
imprescindible para la supervivencia de la
humanidad.
Este informe dedica un amplio capítulo a las nuevas
medidas anunciadas el 6 de mayo y a las regulaciones
de su implementación, dadas a conocer el pasado 16
de junio, por la trascendencia que estas poseen para
el recrudecimiento del bloqueo. Asimismo, agrupa en
otros seis capítulos, un conjunto de ejemplos que
prueban de manera irrefutable que el bloqueo es un
engendro vivo que afecta dolorosamente la
cotidianidad del pueblo cubano.
1.- NUEVAS MEDIDAS CONTRA EL PUEBLO
Y LA ECONOMÍA DE CUBA
Como si no fueran suficientes las pruebas
presentadas por el gobierno estadounidense de su
menosprecio por el presente y futuro del pueblo
cubano, de su irrespeto a la voluntad de la
comunidad internacional y de su burla al legítimo
interés del pueblo norteamericano de establecer una
relación normal y razonable con Cuba, el 6 de mayo
de 2004 se anunciaron nuevas medidas, en la
presentación que el presidente George W. Bush
hiciera del Informe de la llamada “Comisión de Ayuda
a una Cuba Libre”. Este informe es un plan del
gobierno de los Estados Unidos, dirigido a privar a
Cuba de su independencia y soberanía mediante la
intensificación de la agresión económica y política
con el propósito de lograr la desestabilización
interna, propiciar la intervención directa para
destruir la Revolución y perpetuar la dominación de
los Estados Unidos sobre el pueblo de Cuba.
El Informe contiene nuevas medidas descarnadamente
injerencistas y humillantes para el pueblo de Cuba
que recrudecen de manera notable el bloqueo
económico contra el país y las violaciones de los
derechos humanos de sus habitantes, de los cubanos
residentes en los Estados Unidos y de los propios
ciudadanos estadounidenses.
Con ellas se incrementan las injustas y
discriminatorias restricciones impuestas a los
cubanos residentes en los Estados Unidos, el único
grupo nacional respecto al cual el gobierno de ese
país, en abierta violación de su Constitución, se
arroga la facultad de determinar sobre las
relaciones que puedan mantener con sus familiares y
con su país de origen.
En seis capítulos y más de 450 páginas dicho
Informe, además de recrudecer el curso agresivo de
la política contra Cuba, expandir el bloqueo y
pretender aplicar el “cambio de régimen” viola
groseramente la soberanía cubana al definir cómo
deben ser sus estructuras estatal y económica, su
sistema político, su organización social y su
ordenamiento jurídico. Este no podría contener más
mentiras, rencor, frustraciones e injerencia en los
asuntos internos de Cuba.
Más restricciones a los viajes a
Cuba
Entre las nuevas medidas anticubanas anunciadas el
pasado 6 de mayo y cuya implementación la Oficina de
Control de Activos Extranjeros del Departamento del
Tesoro de los Estados Unidos dio a conocer el 16 de
junio, se incluyen varias acciones y disposiciones
encaminadas a fortalecer aún más las ya draconianas
restricciones de los viajes a Cuba de los ciudadanos
norteamericanos y de los cubanos residentes en
territorio estadounidense, acrecentando las
limitaciones a las relaciones familiares y a
erosionar, aún más, importantes fuentes de ingreso
para la Isla, en particular, aquellas vinculadas con
su principal industria: la turística.
La Administración de Bush decidió:
• Continuar restringiendo el otorgamiento de
licencias para viajes educacionales y de intercambio
académico a ciudadanos e instituciones
norteamericanas, limitándolos a nivel universitario,
a más de diez semanas de estancia, y haciéndolas
depender únicamente de que los proyectos académicos
“apoyen directamente los objetivos de la política
estadounidense” hacia Cuba, en otras palabras, el
derrocamiento de la Revolución Cubana.
• Eliminar la posibilidad de que los ciudadanos
norteamericanos viajen como “invitados con los
gastos pagados” (fully hosted).
•
Reducir las visitas a la Isla de cubanos residentes
en Estados Unidos, de un viaje anual, a uno cada
tres años. Se estableció, adicionalmente, la
necesidad de un permiso específico para cada viaje,
en lugar de la licencia general que funcionó hasta
la aplicación de las nuevas restricciones. Ello
constituye un ataque directo a la reunificación y
relaciones de las familias cubanas.
• Establecer que los cubanos recién llegados a
Estados Unidos, solo podrán viajar a Cuba luego de
tres años de haber emigrado.
• No se permitirían viajes excepcionales aunque haya
situaciones apremiantes.
• Limitar la estancia de cubanos residentes en
Estados Unidos en sus visitas a Cuba a 14 días.
• Limitar el número de cubanos residentes en Estados
Unidos con derecho a visitar Cuba, a partir de una
reducción arbitraria de las categorías de familiares
que son aceptados legalmente como miembros de una
familia cubana. El gobierno norteamericano decretó
que los familiares que podrán ser visitados en Cuba
se restringirán a: “abuelos, nietos, padres,
hermanos, esposos e hijos”. Es decir, en lo
adelante, un primo, una tía u otro familiar cercano,
no serán considerados elegibles para ser visitados,
independientemente del nivel de cercanía afectiva y
emocional que tengan con los cubanos que residen en
Estados Unidos.
• Disminuir la cantidad de dinero que podrán gastar
los cubanos residentes en Estados Unidos durante sus
visitas a Cuba, de 164 a 50 dólares diarios. Solo se
autorizará el monto de 50 dólares para gastos de
transportación interna en el país durante los 14
días de estancia.
• Eliminar la licencia que autorizaba a importar a
Estados Unidos un máximo de 100 dólares en
mercancías cubanas, solo para uso o consumo
personal. Quedó entonces terminantemente prohibido a
los viajeros procedentes de Cuba, ingresar a su
regreso a Estados Unidos cualquier artículo
adquirido en Cuba, independientemente de que el
mismo haya sido comprado o recibido como regalo.
• Limitar a 44 libras (19,8 kg) el peso del equipaje
permitido a un viajero autorizado a visitar Cuba,
salvo que la OFAC le autorice expresamente a llevar
un peso mayor.
• Eliminar las licencias generales otorgadas para la
participación en competencias amateur y
semiprofesionales organizadas en Cuba, con el
auspicio de una federación internacional deportiva.
En lo adelante, la OFAC autorizará tales actividades
solo bajo una licencia específica y después de
darles consideración caso a caso. También quedó
eliminada la posibilidad de participar en talleres y
clínicas especializadas, ya sean relacionadas con
los deportes u otras actividades.
• Apoyar las acciones en terceros países emisores de
turismo a Cuba, para desestimular las visitas de sus
nacionales a la Isla.
Con las nuevas restricciones y prohibiciones de
viajes a los ciudadanos norteamericanos y a los
cubanos residentes en los Estados Unidos y a
contrapelo de la voluntad mayoritaria del Congreso
expresada en votaciones durante los últimos cuatro
años, el gobierno norteamericano socava, una vez
más, derechos humanos básicos consagrados en la
Carta Internacional de Derechos Humanos, tanto en la
propia Declaración Universal de Derechos Humanos,
como en ambos Pactos Inter-nacionales. Es flagrante
la violación del Artículo 12 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, en lo que respecta
a la libertad de viajar a la que son acreedoras las
personas que tienen legalizada su situación en
cualquier Estado, principio que fuera reafirmado por
la Asamblea General mediante su Resolución 57/227,
titulada “Respeto del derecho a la libertad
universal de viajar e importancia vital de la
reunificación de las familias”.
Por dicha resolución, el más representativo órgano
principal de las Naciones Unidas exhortó a todos los
Estados a garantizar “la libertad universalmente
reconocida de viajar a todos los ciudadanos de otros
países que residan legalmente en su territorio”, y
reafirmó que “todos los gobiernos, y en particular
los de los países de acogida, deben reconocer la
importancia vital de la reunificación de las
familias y promover su incorporación en la
legislación nacional, a fin de que se proteja la
unidad de las familias de los inmigrantes
documentados”.
3
Ningún pueblo, como el cubano, ha sido sometido a
tanta discriminación y manipulación política de sus
relaciones migratorias por sucesivos gobiernos de
Estados Unidos. En virtud de la criminal Ley de
Ajuste Cubano y otras disposiciones gubernamentales,
las autoridades norteamericanas someten los vínculos
migratorios bilaterales a sus intereses de
desestabilización y descrédito de la Revolución
Cubana. Al cubano que logre arribar ilegalmente al
territorio norteamericano —independientemente de que
la Sección de Intereses de Estados Unidos en La
Habana le hubiese negado la visa para emigrar, o que
hubiese cometido en el contexto de su travesía
irregular hacia Estados Unidos algún delito contra
las personas o los bienes— se le acogerá y
reconocerá automáticamente su residencia legal en
ese país.
Las recientes medidas adoptadas por la
Administración de Bush, que agravan el tratamiento
discriminatorio a la comunidad de emigrados cubanos,
demuestran que el tan proclamado tratamiento
preferencial que reciben los cubanos que emigran
ilegalmente a ese país, así como aquellos que se
benefician del número limitado de cuotas disponibles
para la emigración legal y ordenada, no tiene una
motivación humanitaria, sino de manipulación
política.
Además de contrarias al ejercicio pleno de los
derechos humanos, las restricciones y prohibiciones
a los viajes que la administración norteamericana
refuerza con estas medidas, son ilegales en el
contexto de las propias leyes estadounidenses. La
cuestión de los viajes a Cuba no se circunscribe al
ámbito de jurisdicción administrativa que un
presidente estadounidense pueda variar a su
albedrío. Este tema quedó sujeto a ley en ese país
desde el año 2000.
La Administración de Bush ha hecho mucho más férrea
la aplicación del bloqueo a Cuba. Incluso, a finales
del pasado año senadores y representantes
norteamericanos denunciaron públicamente que la
Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)
empleaba cinco veces más agentes para perseguir e
investigar las violaciones a las leyes del bloqueo
contra Cuba, que los que dedicaba a rastrear las
finanzas de Al-Qaeda.
Entre 1990 y el 2003, la OFAC inició solamente 93
investigaciones relacionadas con el terrorismo
internacional, mientras desató 10 683 pesquisas para
impedir que los norteamericanos ejerzan su derecho
de viajar a Cuba. Luego de las 93 investigaciones
sobre el terrorismo, la OFAC multó con un total de 9
425 dólares a los inculpados. En cambio, penalizó
con un total de 8 millones de dólares a los
ciudadanos norteamericanos que habían visitado la
Isla sin las licencias del Departamento del Tesoro.
En un informe de fecha 9 de febrero de 2004, que
puede ser consultado en su página web, la OFAC se
felicitaba porque su División de Penalidades Civiles
tenía en ese momento una lista de 200 acciones
relacionadas con violaciones del bloqueo a Cuba y
por el hecho de que la mayoría de ellas habían
resultado en sanciones monetarias. Además, anunciaba
que entre el 10 de octubre y el 30 de noviembre de
2003, habían notificado 348 nuevas acciones penales
por actividades de esta naturaleza.
Resulta común encontrar en la prensa norteamericana
reportes y artículos relativos a procesos legales a
los que han sido sometidos ciudadanos
norteamericanos por visitar Cuba. En abril de 2004,
por ejemplo, dos jubilados del Estado de Vermont,
Wally y Bárbara Smith, se vieron obligados a pagar
una multa por valor de 55 000 dólares. La OFAC los
acusó de haber viajado a Cuba en cuatro ocasiones,
gastar dinero en la Isla, y haber escrito un libro
titulado Bicycling in Cuba, publicado en el
2002.
La paranoia de persecución a sus propios ciudadanos
no conoce límites. A inicios de febrero de 2004, a
Fred Burks y a su novia la OFAC les notificó que
debían pagar una multa de 7 590 dólares, por haber
visitado la Isla en diciembre de 1999. Fred Burks,
quien ha trabajado como intérprete de los
presidentes William Clinton y George W. Bush, rehusó
pagar dicha multa, y ahora está pendiente de una
nueva sanción, probablemente más grave.
Ya en marzo de 2003, la OFAC había anunciado que no
renovaría las licencias para los viajes de
intercambios educacionales, o sea, los llamados
intercambios “pueblo a pueblo”. Como consecuencia
evidente de la aplicación de esa restricción, desde
enero del año en curso hasta el mes de junio, viajó
a Cuba un 26 % menos de ciudadanos norteamericanos,
en comparación con los que viajaron en el 2003
durante el mismo período. En el mes de julio,
después de las nuevas medidas aprobadas por el
presidente George W. Bush, la reducción respecto a
julio de 2003 fue del 52,4 %.
Es bien conocido que desde hace aproximadamente
cinco años, el turismo se convirtió en la principal
fuente de ingresos de la economía cubana, que el
desarrollo de este sector ha dinamizado al resto de
las actividades económicas del país, y que una parte
considerable de la población cubana complementa su
sustento y recibe servicios sociales financiados, de
modo directo o indirecto, con el desenvolvimiento de
esta industria. También es de dominio público que la
actividad turística en el último decenio ha
experimentado un crecimiento promedio anual del 10
%, a pesar de los perniciosos efectos del bloqueo y
de la crisis económica mundial.4
No es casual el hecho de que las nuevas medidas
intenten sabotear y crear obstáculos adicionales a
este vital sector de la economía cubana.
Estudios preliminares realizados por el Ministerio
de Turismo de Cuba acerca del impacto previsible de
las restricciones anunciadas el 6 de mayo, indican
que el número de viajeros norteamericanos al país se
reduciría considerablemente. Según cálculos de ese
Ministerio, la contracción de los ingresos por tal
motivo se ubicaría entre los 27 y los 38 millones de
dólares.
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En el caso de los viajeros de origen cubano, a los
que las nuevas medidas no solo limitan la cantidad
de veces que pueden visitar su país (de una vez al
año a una cada tres años), sino también el monto de
sus gastos en Cuba, el estudio del Ministerio de
Turismo estimó que al término de 2004, las
afectaciones que tendría el país ascenderían a 66
millones de dólares.
En resumen, a causa de las abusivas medidas
descritas, a partir del 30 de junio de 2004, la
economía cubana dejará de ingresar entre 93 y 104
millones de dólares en la esfera del turismo, sin
contar los daños que ocasionarán las acciones que en
terceros países alientan las autoridades
norteamericanas para desestimular el turismo hacia
Cuba, perjuicios que por el momento no han podido
ser cuantificados.
SEGUNDA PARTE
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