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INMIGRACIÓN:
Controlan hasta a los que viven en casa
GUILLERMO I. MARTÍNEZ
CHARLOTTESVILLE, Virginia.— En el
principal centro comercial de este
pueblo universitario el primer día del
año, todas las personas que trabajaban
en un popular lugar para comer eran
hispanos. El dueño del mismo y casi la
totalidad de los que allí comían eran
norteamericanos blancos.
 Cosas
similares ocurren por todo el país. Los
problemas causados por la inmigración
ilegal ya no están limitados a los
estados fronterizos, a las grandes
ciudades como Los Ángeles, Chicago,
Nueva York y en el sur de Florida. Ya
hay hispanos legales y los que no tienen
papeles por todos los rincones del país.
Muchos a nivel nacional gritan: "Debemos
recobrar el control de nuestra
frontera". Pero en pequeñas comunidades
en otras partes del país hay otro lema
que está de moda: "¿Qué podemos hacer
para impedir que los indocumentados
vengan a nuestro pueblo?"
En
Mannassas, Virginia, en los suburbios
del área metropolitana del Gran
Washington, la propuesta tuvo un vuelco
muy desagradable a finales de año, de
acuerdo a lo publicado por The
Washington Post. Según el diario, la
municipalidad de Mannassas cambió la
definición de lo que constituye una
familia en el código que regula la
zonificación de la ciudad. Y esto lo
hizo aun cuando el número de personas
que viven en una casa no excede el
número que la antigua ley permite para
la zona. De hecho la ley no permite que
los tíos, sobrinos o personas sin
vínculos familiares cercanos vivan bajo
el mismo techo.
No
debemos dudar de lo que motiva a los
gobernantes de ese pequeño suburbio de
Washington. Ellos quieren excluir a los
hispanos indocumentados. Y no tenemos
más que referirnos a lo que dijo el
vicealcalde Harry Parrish: la razón por
la cual pasaron la nueva ordenanza
municipal era para tratar de resolver el
problema causado por la inmigración
ilegal. A él le molesta que el 15% de la
población de su pueblo sea hispano.
Las
intenciones de los funcionarios de
Mannassas no son el problema. El
problema surge al tratar de hacer
cumplir la ley. Funcionarios de la
ciudad responden a quejas anónimas de
residentes del pueblo sobre sus vecinos.
Eso hace que inspectores municipales
vayan al lugar de los hechos a
preguntarle al dueño de la casa o a los
residentes en la misma quiénes son los
que viven allí. Tienen que llenar un
cuestionario y explicar cuál es el
vínculo familiar de cada una de las
personas que viven en esa localidad.
En
efecto, la ley pone a pelear a vecino
contra vecino. No distingue entre quién
es un residente legal en este país y
quién no lo es. Es más, en el caso
detallado por The Washington Post, los
afectados son una pareja de hondureños
que vinieron a Estados Unidos en 1980 y
que ya son ciudadanos. Ellos residen en
una casa de cinco cuartos y tres baños
más un sótano con sus tres hijos, un
sobrino y una pareja, no casada, que
vive en la planta baja de la casa.
Hay
quienes insisten en hablar sobre el
supuesto espionaje del gobierno federal
en el país. Esto es un caso sin
discusión de vecinos espiándose los unos
a los otros en una ciudad donde sus
funcionarios pasan la ley para después
ser jueces y jurado de que se cumpla.
Como resultado, la pareja ha puesto la
casa a la venta y se va a mudar a
Carolina del Norte.
Mannassas es solo una de un grupo
creciente de municipalidades en el
estado de Virginia y en el país que
tratan de limitar la entrada de hispanos
a su ciudad. Pero cada vez que alguien
lleva las ordenanzas a los tribunales,
las mismas son declaradas
inconstitucionales. Pero hay pocos que
tienen dinero para llevar sus casos a
los tribunales.
Imagínense si lo ocurrido en Mannassas
fuese ley en todo el país.
(Tomado de
la Opinión, de los Ángeles) |
