POR JULIE KAY

Abogados del Sur de la Florida están pasmados y desconcertados con el esfuerzo poco usual de las oficinas del fiscal de los EE.UU. de impedir que grupos legales nacionales presenten informes amicus en la apelación del gobierno para que revoquen las sentencias de los Cinco en Miami.

Con las vistas orales programadas para el próximo mes en la segunda vuelta de apelaciones ante la Corte del 11 Circuito de Apelaciones, los esfuerzos del gobierno federal para que se restituyan las condenas de los cinco agentes cubanos y se obligue a la celebración de un nuevo juicio, se ha vuelto un tanto feo.

La Corte del 11 Circuito en pleno oirá los argumentos en la apelación del gobierno de un dictamen emitido en agosto por un panel de tres jueces que revocó las condenas por espionaje de los cinco agentes.

El último giro en este caso de alto vuelo se produjo la semana pasada cuando las oficinas del fiscal de los EE.UU. en Miami presentó una moción que busca impedir que el 11 Circuito acepte dos amicus presentadas por organizaciones legales del estado y nacionales que se oponen a la posición del gobierno. La moción le recomienda marcadamente al 11 Circuito que no acepte los amicus.

Dos días más tarde, Ricardo Bascuas, un profesor de leyes de la Universidad de Miami quien es el autor de uno de los amicus, presentó una respuesta fuertemente redactada oponiéndose a la postura del gobierno y reiterando porque deben permitirse los amicus.

"Los importantes precedentes de derechos civiles que se esgrimen en los amici curiae sostienen que la Sexta Enmienda nos protege a todos de ser condenados sobre la base de prejuicios raciales, ideológicos, religiosos, étnicos u otros igualmente irracionales," dice el amicus. "Como organizaciones distinguidas de defensa criminal, amici ofrece asistir a la corte al presentar los casos más pertinentes al trato injusto hacia defendidos de poca popularidad."

Los amicus fueron presentados por la Asociación Nacional de Abogados (Nactional Lawyers Guild), la Asociación Nacional de Defensores Criminales, la Asociación Nacional Federal de Defensores Públicos y la Asociación de la Florida de Abogados de Defensa Criminal. Una fue co escrita por los defensores criminales de Miami David O. Markus y Brian L. Tannebaum, con Henry J. Bemporad.

El fiscal asistente de los EEUU David Buckner, quien es co autor de la solicitud del gobierno, rehusó hacer comentarios. "Supongo que todos jugamos a ganar," dijo en una entrevista Richard Klugh, Asistente Defensor Público Federal, quien probablemente estará litigando el caso ante el 11 Circuito.

"Pero no permitir que nadie, salvo los defendidos cubanos, discutan el caso no es correcto. Estas son respetadas organizaciones legales norteamericanas y se les debería permitir el participar en el proceso."

Markus, furioso, calificó a los fiscales de "llorones".

"Solo los matones inseguros lloriquean y se quejan de esta manera," dijo. "Estoy realmente sorprendido que la oficina del fiscal de los EE.UU. asumiera esta posición."

La batalla por los amicus exalta lo políticamente volátil del caso y la intensidad de la lucha legal.

En 2001, después de seis meses, un jurado condenó a cinco hombres por intento de espionaje para el gobierno cubano.

Pero el pasado agosto, un panel del 11 Circuito revocó las condenas, declarando que la jueza de distrito Joan Lenard había errado en denegarle a la defensa la solicitud de cambio de sede por el apasionado sentimiento anticastrista en Miami, hecho que impidió que los acusados recibieran un juicio justo.

El dictamen de 93 páginas fue ampliamente criticado dentro de la comunidad cubano-americana en Miami. Algunos se consideraron ofendidos por el mensaje del panel, dirigido a la comunidad cubano-americana, que reconoció que la Constitución de los EE.UU. requiere que "cada acusado, no importa cuan impopular, tiene que recibir un trato justo."

El fiscal del gobierno Alex Acosta apeló la decisión del panel y pidió que los jueces en pleno reconsideraran el caso. En una decisión inesperada, en octubre el 11 Circuito en pleno decidió volver a oír el caso.

Algunos abogados del Sur de la Florida se quedaron atónitos cuando el gobierno presentó la moción a finales del pasado mes, solicitándole a la corte que no aceptara los amicus.

En la moción, Buckner y la asistente del fiscal de los EE.UU. Anne R. Schultz plantean que los amicus no son documentos objetivos, porque no "añaden una perspectiva política diferente a los intereses del apelante y que discuten contenciones detalladas de los hechos, inapropiados para un amicus."

La fiscalía también plantea que si se les obligara a responder al amicus, tendría que pasar una "significativa cantidad" de su tiempo limitado a refutar "cargos sin basamento" porque "las citas de los archivos son selectivas e incompletas, y sus caracterizaciones son erradas y engañosas."

¡Ay! Klug dijo que la parte que más lo ofendió es la aseveración del gobierno que la oficina del defensor publico federal puede haber solicitado que estos grupos legales escribieran estos amicus y quizás hayan hasta intervenido en su redacción. La moción hecha por la fiscal asistente de los EEUU Caroline Heck Miller llama al amicus "sustitutos para los apelantes." El objetivo de esta movida, sugiere ella, sería permitirles a los defendidos evadir las limitaciones de páginas en sus propios resúmenes.

Klug niega la alegación. Él y otros abogados defensores discuten que no hay razón para que la corte no acepte los dos amicus. A todos debería permitírseles expresar sus opiniones en el caso, dijo Klug.

"Nunca antes he visto al gobierno discutir esto," dijo Klug. "Podría entenderlo si se hubieran presentado 10 amicus, pero solo fueron dos, y de organizaciones legales respetadas."

Uno de los autores del amicus, C. Peter Erlinder, profesor de leyes en el Colegio de Leyes William Mitchell de St. Paul, Minn., es tan apasionado del caso que interrumpió su viaje a Tanzania como parte de un grupo de lasNaciones Unidas dirigiéndose al gobierno local para escribir el amicus.

Richard B. Rosenthal, un abogado de apelaciones de Miami, dijo que la comunidad legal del Sur de la Florida estaba atónita por la movida del gobierno.

"Todos estamos sorprendidos," dijo. "Esos amicus se permiten de manera rutinaria y la decisión del gobierno de retarlo huele a un acto de desesperación o de simple mezquindad."

Pero Robert Jarvis, un profesor de leyes de Universidad Nova Southeastern, dijo que la movida del gobierno podía estar justificada. Los amicus a veces son utilizados por los grupos legales para darle un empujón a los esfuerzos de recaudación de fondos.

"La corte no quiere la carga de los amicus," dijo. Los jueces de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsberg y Sandra Day O´Connor han comentado públicamente que no leen los amicus.

"Siempre esta el tema de que es lo que tienes que aportar que sea diferente y nuevo," dijo Jarvis. "Tiendo a simpatizar con la posición del gobierno."

La comunidad legal está esperando por si se presentarán amicus que apoyen la postura del gobierno, quizás de los grupos cubano-americanos. Tales documentos deben entregarse antes del 13 de enero.