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LA PRUEBA DEL TERRORISMO
Posada, un peligro para Estados Unidos
“Usted tiene un historial
de participación en actividades
criminales, de asociación con personas
que participan en actos violentos que
indica su indiferencia por la seguridad
del público en general”…
POR PETER
KORNBLUH*
EL 11 de septiembre un magistrado de
nivel medio llamado Norbert Garney
presentó documentos legales en un
tribunal de El Paso, Texas. Recomendaba
poner en libertad al notorio terrorista
de origen cubano Luis Posada Carriles.
Su respuesta a una petición de habeas
corpus presentada por los abogados
de Posada fue el "Informe y la
Recomendación" de 23 páginas, donde
Garney concluyó que la Administración de
Bush no había aprovechado los
procedimientos jurídicos básicos para
mantener a Posada en la cárcel.
Según el Informe y la Recomendación,
Posada "jamás fue certificado por el
Fiscal General como un terrorista o un
peligro para la comunidad" de
conformidad con la Ley Patriota, ni el
Departamento de Justicia había
presentado pruebas de "circunstancias
especiales" que le permitieran mantener
detenido a Posada por cuestiones de
seguridad o terrorismo. A la luz de esas
conclusiones, el Magistrado escribió:
"El Tribunal recomienda que se otorgue
la liberación del demandante por
mandamiento de habeas, y que
(Posada) sea liberado."
La Administración de Bush se enfrenta
ahora al momento de la verdad frente al
caso "Posada". Considerado desde hace
tiempo como el padrino de la perniciosa
violencia contra Castro, Posada —alias
Bambi, Comisario Basilio y Ramón Medina—
ha practicado el arte del sabotaje,
ataques con bombas e intentos de
asesinato durante gran parte de sus 78
años de edad. Sin embargo, a diferencia
de muchos presuntos terroristas con
nombres del Medio Oriente que han sido
apresados por las autoridades
estadounidenses y detenidos
indefinidamente debido a disposiciones
antiterroristas especiales, el
Departamento de Seguridad Interna ha
preferido tratar el problema "Posada"
como un simple trámite de Inmigración
por "entrada ilegal".
Todo indica que las "circunstancias
especiales" parecen tener que ver con la
participación de Posada en la CIA en la
década de los 60, sus poderosos aliados
cubano-americanos de la ultraderecha en
la Florida y con la relación hostil de
Washington con Venezuela, desde donde,
en 1985, Posada escapó de la cárcel en
la que se encontraba condenado por ser
el autor intelectual de la voladura en
el aire, el 6 de octubre de 1976, del
Vuelo 455 de Cubana, en que resultaron
muertos los 73 pasajeros a bordo.
Desde que Posada fue arrestado el 17 de
mayo del 2005, después de entrar
subrepticiamente a Estados Unidos y de
hacer alarde de su presencia en Miami
durante casi dos meses, la
Administración ha venido luchando por
evitar los problemas políticos que le
acarrearía procesarlo judicialmente, así
como la hipocresía de ponerlo en
libertad.
Desde hace más de un año la
Administración ha venido negándose a
responder a una solicitud de extradición
oficial presentada por Venezuela, y ha
intentado deportar a Posada a un tercer
país que no sea ni Venezuela ni Cuba.
(Si la Administración negara de plano la
solicitud, se vería obligada, de
conformidad con el Convenio de 1973 de
Montreal sobre la Aviación Civil, a
someter a Posada a juicio por ese delito
en Estados Unidos.) Hasta ahora, según
se describe en las actas del tribunal,
los funcionarios estadounidenses han
tratado de "lograr documentos de viaje"
para que Posada viaje al Canadá,
Honduras, Costa Rica, Panamá, El
Salvador, México y Guatemala. Todos han
dicho que no.
No fue hasta el pasado mes de marzo,
fecha en el que el tribunal estuvo listo
para liberar a Posada bajo fianza, que
la oficina de Inmigración y Aduana
emitió una "Decisión provisional de
continuar la detención" alegando su
proclividad al terrorismo. La carta
enviada a Posada por las autoridades de
Inmigración y Aduana decía: "Usted tiene
un historial de participación en
actividades criminales, de asociación
con personas que participan en
actividades criminales, y de
participación en actos violentos que
indican su indiferencia por la seguridad
del público en general". "Dado su
historial de larga data de actividades
criminales y de violencia en que
resultaron muertos civiles inocentes,
liberarlo de la detención supondría un
peligro para la comunidad y para la
seguridad nacional de Estados Unidos."
Ahora bien, según el "Informe y la
Recomendación" de Garney, esa carta no
basta para impedir la liberación de
Posada; el Fiscal General Alberto
Gonzales debe presentar al tribunal de
inmigración pruebas que avalen o
certifiquen que Posada es un terrorista.
Evidentemente, las pruebas son
abrumadoras.
Los expedientes de Posada incluyen
actas de los tribunales sobre su condena
en Panamá por acusaciones de poner en
peligro la seguridad pública después de
haber sido capturado en noviembre del
2000 en posesión de treinta y tres
libras de explosivos C-4 en otro complot
para asesinar a Castro; el hecho de
haber admitido en 1997 a Ann Louise
Bardach de The New York Times que
había organizado una serie de ataques
con bomba contra hoteles en La Habana,
que le arrebataron la vida a un
empresario italiano; y páginas y más
páginas de documentos de la Inteligencia
estadounidense que lo identifican como
uno de los autores de la voladura del
avión de Cubana en 1976. Según un cable
secreto de Inteligencia de la CIA, días
antes de que el avión estallara tras
haber despegado de Barbados, Posada
alertó: "Vamos a volar un avión cubano".
Ahora que se acerca el trigésimo
aniversario de esa atrocidad, Posada se
ha convertido en una prueba de la
actitud camaleónica de George W. Bush,
quien dijo que ninguna nación debería
albergar a terroristas y que toda nación
debe hacer lo que le corresponda para
que los que comentan actos terroristas
comparezcan ante la justicia. Los
familiares de los que perdieron la vida
en el avión están ejerciendo presiones
sobre la Administración para
responsabilizar a Posada por los hechos.
En Cuba, el órgano oficial del Partido
Comunista, Granma, publicó una
declaración el 19 de septiembre del
Comité de Familiares de las Victimas que
decía: "A diferencia de los familiares
de las víctimas del 11 de septiembre...
nosotros sí sabemos dónde están los
asesinos de nuestras familias, quiénes
los protegen, quiénes les brindan
refugio". En una carta fechada el 20 de
septiembre y dirigida al Fiscal General
Gonzales, Roseanne Nenninger, hermana de
Raymond Persaud, estudiante de medicina
guyanés de 19 años de edad que murió en
el avión, pidió "en nombre de la
justicia, por mi hermano y los demás 72
pasajeros de ese avión donde encontraron
la muerte", que Posada fuera certificado
como terrorista. "Si Luis Posada
Carriles no se ajusta a la definición de
terrorista", apuntó, "la verdad es que
es difícil imaginar quién se ajustaría".
Aún así, la Casa Blanca parece tener
conflictos internos sobre la forma de
proceder en este caso, e incluso sobre
si debe proceder. El 21 de septiembre,
el Departamento de Justicia presentó
documentos en que se solicita una
prórroga para responder a Garney. En la
petición del Gobierno se calificó a
Posada de "criminal confeso" y de
"terrorista extranjero" cuya liberación
"podría tener consecuencias
significativas en las relaciones
nacionales e internacionales". Sin
embargo, "dadas la naturaleza y la
complejidad del caso", los abogados
gubernamentales declararon: "Se requiere
de tiempo adicional para concluir las
consultas y deliberaciones en el seno
del Gobierno de Estados Unidos."
La solicitud de prórroga, hasta el 5 de
octubre, significa que la decisión de la
Administración probablemente se dé a
conocer públicamente el día del
aniversario de la voladura del vuelo 455
de Cubana. Es contra ese telón de fondo
del acto más atroz de terrorismo
internacional jamás cometido en América
Latina que podría decidirse la suerte de
Luis Posada Carriles, y junto a ellos,
la credibilidad de la campaña del
Presidente contra el terrorismo.
(Tomado de LA HAINE, versión digital)
*PETER KORNBLUH es el
director del Proyecto de Documentación
sobre Chile, de los Archivos de
Seguridad Nacional, de la Universidad
George Washington, una institución
independiente que publicó los documentos
desclasificados de la CIA y el FBI que
prueban la participación de Luis Posada
Carriles en la conspiración para volar
con bombas el avión cubano que estalló
el 6 de octubre de 1976, frente a las
costas de Barbados. Murieron los 73
pasajeros.
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Más pruebas de
participación de Posada y Bosch en
atentado a avión cubano
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