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Fraudulenta y engañosa la
venta de Havana Club iniciada por
Bacardí en EE.UU.
POR GABRIEL MOLINA
CUBA denunció la reciente decisión de la
compañía Bacardí, de comenzar la
comercialización de un ron elaborado en
Puerto Rico, bajo la marca Havana Club,
como “una acción fraudulenta y engañosa
para los consumidores, quienes
tradicionalmente lo han identificado
como un ron producido en Cuba y no en
otro lugar”.
Juan Antonio Fernández, embajador de la
Isla ante la oficina de las Naciones
Unidas y los organismos internacionales
con sede en Suiza, formuló la denuncia
el primero de septiembre último en la
reunión del Organo de Solución de
Diferencias (OSD) de la Organización
Mundial del Comercio (OMC), diciendo:
“Todo este accionar de la compañía
Bacardí, que desconoce los más
elementales principios de la ética
comercial, es imputable a la arbitraria
e ilegal Sección 211, disposición que
fue declarada incompatible con los
principios básicos de la OMC, el 2 de
febrero del 2002 por este propio Organo”.
La Sección 211, también llamada Ley
Bacardí, es una cláusula insertada a la
Ley del Presupuesto de Estados Unidos,
aprobada por el Congreso federal el 21
de octubre de 1998, a instancias de
Connie Mack, senador por la Florida. La
OMC consideró esa enmienda
discriminatoria contra compañías no
norteamericanas.
El Embajador cubano relató en septiembre
1ro cómo, desde la reunión del 19 de
julio, advirtió que “la excesiva
dilación en el cumplimiento de las
normas de esta Organización, en el
diferendo que nos ocupa, tiene una
explicación: Impedir la renovación de la
marca de ron Havana Club por una
empresa cubana en la Oficina de Marcas y
Patentes de los Estados Unidos de
América. Este hecho tiene el indigno
propósito de permitirle a la poderosa
empresa Bacardí, muy vinculada a la
mafia anticubana de Miami y a la extrema
derecha estadounidense, apropiarse de la
marca en territorio de los Estados
Unidos de América. Los acontecimientos
recientes nos han dado la razón.
“El 28 de julio pasado —agregó
Fernández—, la Oficina de Control de
Activos Extranjeros de los Estados
Unidos de América denegó la solicitud de
una licencia específica para la
renovación del registro de la marca
Havana Club en ese territorio... Los
motivos reales que fundamentan esa
denegación responden a satisfacer los
intereses de la compañía Bacardí, la que
durante más de una década ha desplegado
innumerables acciones en ese país
dirigidas a usurpar la titularidad de la
marca Havana Club.
“La marca Havana Club, registrada
desde 1976 en los Estados Unidos de
América por la empresa Cubaexport, goza
de prestigio y reconocimiento en el
mercado internacional como un producto
premium que se posiciona con un
volumen cada vez más creciente en el
mercado mundial, y que ampara un ron
genuinamente cubano”.
Recordó el diplomático cubano cómo se
han acordado varios “plazos prudenciales
entre la Unión Europea y los Estados
Unidos de América para que este último
cumpla con las recomendaciones y
conclusiones realizadas por el OSD,
dicha disposición sigue vigente.
“Evidentemente, la conducta de los
Estados Unidos de América muestra la
falta de adhesión del Gobierno de ese
país a los principios rectores del
Entendimiento relativo a las Normas y
Procedimientos por los que se rige la
Solución de Diferencias y se ha
convertido en un patrón consistente de
desconocimiento a los Acuerdos
Multilaterales y de desacato a la OMC,
que tiene graves implicaciones
sistémicas. Su continuidad sienta un
peligroso precedente que podría afectar
en el futuro a otros miembros, en
particular a los países
subdesarrollados, que consideran el
sistema de solución de diferencias como
un elemento esencial para aportar
seguridad y previsibilidad al Sistema
Multilateral de Comercio”.
Acotó que EE.UU. en “este y otros
diferendos erosiona el Entendimiento de
Solución de Diferencias y los pilares
básicos sobre los que se erige el
Acuerdo de los ADPIC”.
“¿Podríamos dar crédito a un Sistema
Multilateral de Comercio basado en
normas y en la supuesta igualdad de
obligaciones para todos sus miembros,
cuando uno de sus actores principales
mantiene una actitud de permanente y
abierto desafío y una evidente falta de
respeto a las disciplinas
internacionales?
BACARDI SE PREOCUPO POR EL AVANCE DE
HAVANA CLUB EN EUROPA
Antes
del proceso revolucionario de 1959, la
compañía Bacardí había trasladado sus
operaciones destileras de La Habana a
Puerto Rico, para obtener beneficios
arancelarios en territorio técnicamente
de Estados Unidos. La movida le permitió
obtener un fallo a su favor para
conservar la marca cuando abandonó el
país. La sede fue inscrita libre de
impuestos en Bermuda y después se
trasladó a Miami.
Bacardí alega que pagó a la familia
Arechabala por los derechos de la marca
Habana Club. Pero esa familia ya
no los poseía. Cuando el ron cubano
verdaderamente cubano superó en Italia
las ventas de Bacardí y se convirtió en
una amenaza en el mercado internacional,
a mediados de los años 90, Bacardí
comenzó a vender un titulado ron
Havana Club, producido en las
Bahamas, por la afiliada Galleon S.A. El
mercadeo del ron se suspendió cuando
Havana Club International, una empresa
mixta entre la cubana Havana Ron y
Licores, y la francesa Pernod Ricard,
tomó medidas legales para impedir que la
firma infractora falsificase su marca.
Los
abogados de Bacardí lograron en 1999 que
un Tribunal en el distrito Sur de Nueva
York rechazase la reclamación de HCI.
La jueza Shira Schenindlin
se basó para su fallo
(Havana Club Holding S.A. contra Galleon
S.A.
S.D.
N.Y., 1999), en la ley de 1998 conocida
como Sección 211, en el masivo proyecto
de ley general de asignaciones
(presupuesto), que se aprobó ese año sin
debate.
La
cláusula en cuestión restringe a
compañías extranjeras el uso de marcas
comerciales que han sido confiscadas por
el Gobierno cubano. También autoriza a
las firmas de EE.UU. utilizar esas
marcas.
Sin
embargo, en enero del 2004 el Consejo de
apelaciones de la Oficina de Patentes y
Marcas de Estados Unidos (TTAB) decidió
el pleito a favor de HCI, que vende el
famoso ron en unos 80 países. La
decisión anulaba los intentos de Bacardí-Martini
para vender su propia versión no cubana
del Havana Club, en los Estados
Unidos.
Eduardo Sardina, presidente y director
ejecutivo de Bacardí, dijo que apelaría
el dictamen del TTAB.
EL
GOBERNADOR JEB BUSH PRESIONO A LA
OFICINA DE PATENTES
El
diario Washington Post relató el
18 de octubre del 2002 cómo el
gobernador de Florida, Jeb Bush, trató
de interferir a favor de Bacardí, a
pesar de que las regulaciones de la
Oficina de Patentes prohiben acciones
partidistas que fuercen una decisión a
beneficio de una parte en disputa. No se
trataba de un problema ideológico. La
ronera del murciélago donó grandes sumas
de dinero al Partido Republicano, entre
ellos al senador Mel Martínez, quien ha
sido acusado por un grupo de vigilancia
contra la corrupción en Washington (CREW
por sus siglas en inglés), de haber
aceptado fondos de la Bacardí por más de
60 mil dólares.
El
Post también informó en diciembre 4
que Rodríguez-Márquez presentó
tardíamente el requerido informe federal
mostrando que había gastado $500
millones haciendo lobby desde 1998.
Además, Bacardí gastó otros $2,2
millones para contratar “lobistas”.
Cuando el diferendo estaba en disputa,
Jorge Rodríguez-Márquez, presidente de
Bacardí, escribió al gobernador Bush:
“Alguien tiene que decirle a la Oficina
de Patentes que debe cesar de
interferir”.
Entonces el hermano del presidente Bush
se dirigió al director de la Oficina de
Patentes, James Rogan: “Le escribo a
favor de la firma floridana Bacardí-Martini,
USA, Inc, para pedirle a la Oficina de
Patentes y Oficina de Marcas que tome
una acción decisiva y rápida en la
solicitud pendiente... el registro ya
vencido (de Cubaexport) debe ser
cancelado inmediatamente”.
Rogan,
designado por el presidente George W.
Bush, mantenía encuentros secretos con
personeros de la oficina del gobernador.
El propio Rodríguez-Márquez ha
reconocido que se reunió con autoridades
del Departamento de Estado, con
elementos del vicepresidente Dick Cheney
y el consejero político de la Casa
Blanca, Karl Rove, sobre este asunto.
Así hallaron el subterfugio legal.
HCI
demostró que Havana Club
no fue confiscado, sino que la familia
Arechabala simplemente se despreocupó de
la marca y dejó el negocio cuando en
1955 confrontó dificultades financieras.
La empresa cubana tomó el control de una
compañía en bancarrota. HCI reclama que
aun cuando hubiese sido confiscada, no
habría tenido efecto en los Estados
Unidos, en donde la familia Arechabala
bien podría haber renovado la marca
pagando $20.
La
decisión del TTAB en enero sostuvo que
el intento de Bacardí de invalidar el
registro de HCI de la marca no tenía
fondo legal porque la compañía cubana
Cubaexport había registrado la marca en
forma debida en Cuba y transferido su
registro a los Estados Unidos en 1976,
tres años después que la familia
Arechabala permitió su caducidad. En
1993 Cubaexport y Pernod-Ricard formaron
HCI y renovaron la marca en 1996.
Con ese aval de la Oficina de Patentes,
el congresista Jeff Flakes, del Partido
Republicano, presentó en la Cámara un
proyecto bipartidista que invalidaría a
la 211, pues ella “está simplemente
poniendo en riesgo las marcas
norteamericanas allende los mares”.
Flakes declaró que el Congreso tiene la
responsabilidad de crear una política
para proteger las marcas
norteamericanas, no para perjudicarlas.
El demócrata Charles Rancel, quien la
endosaba junto a otros 14 congresistas
de ambos partidos, se refirió en esa
oportunidad a “cómo Cuba y Estados
Unidos han respetado una a otra sus
marcas comerciales durante 75 años. Es
vergonzoso pensar que el Congreso de
Estados Unidos pueda liquidar esa área
de cooperación beneficiando un interés
particular (el de Bacardí), a expensas
de cientos de norteamericanos poseedores
de marcas comerciales”, apuntó.
Ambos legisladores reflejaban el sentir
del empresariado norteamericano que
considera una enorme herejía el no
respetar el derecho de marcas. En la
mente de todos está el fantasma de que
Cuba podría comenzar a producir algunas
de las 400 marcas de EE.UU. aquí
registradas, como la Coca Cola, cuyo
derecho se respeta. El presidente Fidel
Castro advirtió en el año 2001 que el
propio ron Bacardí podría verdaderamente
ser elaborado en este país. Sería así
más verazmente cubano y no fundado en
Cuba como mañosamente expresa Bacardí,
que lo produce en Bahamas.
También los medios
empresariales denunciaron desde 1998 a
la 211, denunciando que fue hecha
expresamente para beneficiar a la
Bacardí.
El
proyecto más que duplicó su apoyo desde
que fue presentado en el 2004. El
norteamericano Consejo Nacional del
Comercio Exterior (NFTC por sus siglas
inglés) subrayó el respaldo de la
Comunidad Empresarial y el Congreso, en
un comunicado. El Consejo Nacional de
Comercio Exterior es una importante
organización de negocios que aboga por
un sistema de comercio mundial abierto y
basado en regulaciones. Fundado en 1914
por un amplio grupo de compañías de
Estados Unidos, el NFTC sirve desde sus
oficinas en Washington y Nueva York a
unas 350 empresas.
Bill
Reinshi, presidente del NFTC, declaró
ese enero que más de 5 000 marcas
norteamericanas registradas en Cuba
resultaban vulnerables gracias a la ley
Sección 211, “la cual transgrede los
compromisos concertados con Cuba”.
Añadió que las marcas norteamericanas
registradas y el global reconocimiento
de las mismas “son vitalmente
importantes para la economía de Estados
Unidos. Por primera vez en 40 años estas
marcas están apareciendo en almacenes
cubanos —dijo—, pero son vulnerables a
la 211, pues da al Gobierno cubano la
opción de no respetar a su vez los
tratados internacionales que protegen
las marcas registradas por Estados
Unidos en Cuba. La iniciativa ayudará a
las compañías norteamericanas a proteger
esas 5 000 marcas aquí registradas y a
no convertirse en un paraíso para los
ocupantes ilegales del cyberespacio”.
Con
ese aval, el proyecto de ley del
Congreso, apoyado por 670 negocios
organizados por la coalición USA Engage,
se encaminaba a invalidar la Sección
211. Los voceros de los negocios
norteamericanos indicaron que la 211 es
una abierta invitación para que Cuba o
cualquier otro país ignorase las marcas
comerciales de EE.UU. registradas en el
extranjero. El presidente Fidel Castro
había anunciado que Cuba podría vender
Coca Cola, ron con el sello Bacardí, y
también medicinas cubanas para el SIDA
patentadas por compañías
norteamericanas.
“Cuba
y Estados Unidos han respetado una a
otra sus marcas comerciales durante 75
años. Es vergonzoso pensar que el
Congreso de Estados Unidos pueda
liquidar esta área de cooperación
beneficiando un interés particular, a
expensas de cientos de norteamericanos
poseedores de marcas comerciales”,
declaró el congresista demócrata Charlie
Rangel.
El
congresista republicano Jeff Flake, por
su parte, se refirió al proyecto H.R.
2494 diciendo que “como la Sección 211
está simplemente poniendo en riesgo las
marcas norteamericanas allende los
mares, el Congreso tiene la
responsabilidad de crear una política
que proteja a las marcas
norteamericanas, no que las perjudique”.
Reinsch dijo que “el acuerdo de la OMC
es una solución favorable para Estados
Unidos, pues refuerza nuestras
credenciales comerciales al remover la
211, que es un obstáculo para la agenda
norteamericana de libre comercio”.
Pero el Departamento del Tesoro de
Estados Unidos franqueó el camino a la
Bacardí, con una maniobra
administrativa. La Oficina de Patentes
del Departamento del Tesoro de Estados
Unidos denegó días antes a la empresa
mixta firma Havana Club Internacional la
licencia necesaria para renovar la
propiedad de la marca en su registro de
marcas y patentes, a pesar de poseer el
derecho desde 1974. Se basó la decisión
en las leyes del llamado embargo contra
Cuba. Así, la ronera pudo anunciar el 8
de agosto último que volvería a poner en
el mercado de EE.UU. una marca de ron
Havana Club.
El Senador Mel Martínez, antes
secretario de Comercio de Bush, junto
con los congresistas también
cubanoamericanos Iliana Ros Lehtinen y
los hermanos Díaz-Balart en la Cámara,
financiados todos por la Bacardí, fueron
los artífices de ese engendro. HMI dijo
que recurrirá nuevamente la decisión
ante los tribunales.
Mientras tanto, Cuba reitera en la
denuncia ante la Organización Mundial
del Comercio su llamado a que se adopte
una acción pronta y efectiva para hacer
valer la letra de los acuerdos de la OMC
y de sus propias decisiones y exige a
Estados Unidos “el cumplimiento
inmediato e incondicional de las
resoluciones y recomendaciones de este
órgano, en particular las relativas a
este diferendo, derogando la injusta y
discriminatoria Sección 211.
Una vez más se revela cómo la política
de Estados Unidos sobre Cuba es rehén de
un grupo que se ha adueñado de la
Florida e impone su voluntad a despecho
de los verdaderos derechos e intereses
de ese país.
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