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El New York Times
afirma que EE.UU. es la nación que
espía, tortura y secuestra
Por DAVID BROOKS
El
New York Times afirma que la nación que
espía, tortura y secuestra es Estados
Unidos, el gran ausente en el informe de
Condoleeza Rice sobre países que violan
los derechos humanos. El informe anual
sobre la situación de los derechos
humanos en el mundo fue emitido este 6
de marzo por el Departamento de Estado,
pero uno de los países que más ha
provocado críticas a escala mundial no
está entre los calificados por el
gobierno de George W. Bush.
The
New York Times,
el diario más influyente del país,
publicó el domingo un editorial para,
como suele hacer, comentar sobre
violaciones de derechos humanos. Ofreció
una lista de "políticas ilegales" y
prácticas que violan los derechos
humanos básicos, incluyendo la
"brutalidad a prisioneros", el espionaje
ilegal, el arresto arbitrario, el uso de
la tortura, las prisiones clandestinas,
los desaparecidos, los secuestros y
tortura de sospechosos, entre otros.
Pero la nación a la que se refería no
está en el informe anual del
Departamento de Estado; el comentario
del Times se refería al país cuyo
gobierno emitió este martes ese informe,
Estados Unidos. La secretaria de Estado
estadounidense, Condoleezza Rice,
presentó el Informe de Prácticas de
Derechos Humanos de Países 2006 y dijo
que es parte de un ejercicio anual que
habla del "continuo apoyo de Estados
Unidos a esas libertades fundamentales
abarcadas en la Declaración Universal de
los Derechos Humanos", y afirmó que esos
"derechos básicos deberán ser la fuente
de la justicia en cada sociedad". Y con
la presentación del informe "nos
comprometemos de nuevo a llamar a cada
gobierno a rendir cuentas si todavía
trata los derechos básicos de sus
ciudadanos como opción en lugar de, en
palabras del presidente Bush, demandas
no negociables de la dignidad humana".
Pero el editorial del New York Times
señala que las políticas "ilegales del
presidente Bush y el vicepresidente Dick
Cheney" en los últimos cinco años
"continúan cobrando un alto saldo en
vidas humanas, (y afectan) la reputación
global de Estados Unidos y la
arquitectura de la democracia"
estadounidense. El Times ofrece una
serie de recomendaciones inmediatas para
reparar los daños a la democracia
estadounidense, incluyendo la
restauración del habeas corpus (el
derecho antiguo que obliga a un gobierno
a justificar el encarcelamiento de un
individuo), suspender el espionaje
ilegal de estadounidenses, prohibir la
tortura, clausurar las prisiones
clandestinas de la CIA en el extranjero,
identificar a los "prisioneros
fantasmas", prohibir la práctica de
secuestro y envío de sospechosos a
terceros países para ser torturados,
prohibir el uso de pruebas contaminadas
o secretas en casos contra acusados,
respetar el derecho de los acusados a un
abogado y cerrar la base de Guantánamo.
Además, sugiere ofrecer una disculpa
oficial a un ciudadano canadiense y otro
alemán por haber sido secuestrados y
torturados por agentes estadounidenses.
Larry Cox, director ejecutivo de
Amnistía Internacional estadounidense,
opinó que mientras la organización "da
la bienvenida al énfasis de rendir
cuentas en el informe, no puede ser
percibido creíblemente como líder
mundial de los derechos humanos hasta
que Estados Unidos cambie sus propias
políticas de mantener de manera
indefinida a detenidos en cárceles
secretas y sin derechos básicos".
Por
su parte, Human Rights Watch instó al
Congreso a aprobar un proyecto de ley
introducido este martes para cancelar la
práctica de "rendiciones
extraordinarias", secuestro y envío de
detenidos a países donde arriesgan ser
torturados. "Bajo la ley internacional
enviar a alguien a ser torturado es tan
ilegal como realizar la tortura",
señaló.
Una
de esas víctimas es Jaled al Masri,
alemán detenido en la frontera entre
Serbia y Macedonia el 31 de diciembre de
2003 y mantenido incomunicado por tres
semanas. "Después fui entregado a la
CIA, desnudado, golpeado severamente,
encadenado, vestido con pañal, inyectado
con drogas, encadenado al piso de un
avión y enviado a Afganistán, donde fui
encarcelado en un sótano apestoso
durante más de cuatro meses", escribió
Masri en un artículo publicado el 3 de
marzo por Los Angeles Times.
Añadió: "Mucho tiempo después de que el
gobierno estadounidense se enteró de que
yo era completamente inocente, me
vendaron los ojos, me subieron a un
avión y fui enviado a Europa, y dejado
en un monte de Albania, sin explicación
o disculpa alguna por la pesadilla por
la que había pasado". Hasta la fecha el
gobierno estadounidense rehúsa hablar
sobre el caso con el argumento de que es
"un secreto de estado".
No
es el único caso. Maher Arar,
canadiense-sirio, fue apresado en el
aeropuerto Kennedy de Nueva York, en
2002, al regresar a Canadá. Fue
incomunicado dos semanas, trasladado a
Jordania y luego a Siria, donde estuvo
detenido en una celda minúscula; fue
torturado casi un año. Mientras Canadá
dio una disculpa formal y pagó casi 9
millones de dólares de compensación,
Washington se rehúsa a admitir cualquier
error y mantiene a Arar en sus listas de
sospechosos.
También está el caso de Abu Omar,
clérigo italiano secuestrado por agentes
de la CIA en Milán en 2003 y trasladado
a Egipto, donde quedó incomunicado y
aparentemente fue torturado durante
cuatro años. Aquí en Estados Unidos está
el caso de Sami al Arian, un profesor
universitario de origen palestino nacido
en Kuwait. El procurador general de
Estados Unidos anunció su arresto por
conspiración y "terrorismo". Detenido
dos años y medio, gran parte en
confinamiento solitario bajo condiciones
terribles, fue enjuiciado en un proceso
viciado. Pese a ello, fue liberado de
casi todas las acusaciones, pero el
gobierno estadounidense continúa
empleando nuevas acusaciones para
mantenerlo encarcelado. Al Arian se
encuentra en huelga de hambre y ha sido
trasladado a un hospital de una prisión
en Carolina del Norte.
En
Alemania e Italia se realizan procesos
judiciales contra agentes de la CIA y
policías locales involucrados en estos
casos (25 miembros de la agencia
estadounidense e Italia y 13 en
Alemania).
Al
emitir este martes su informe, el
gobierno de Bush se declara dispuesto a
ser juez, pero no parte de su
"compromiso" con los derechos humanos en
el mundo.
La Jornada (México)
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