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DERECHOS JOROBADOS
Para muestra con un botón
basta
Elsa
Claro
A
inicios de marzo se reunió en Barcelona
el Tribunal creado por el filósofo
Bertrand Rusell y que lleva su nombre,
constituido originalmente para enjuiciar
los crímenes cometidos en Viet Nam,
luego en Latinoamérica u otros
lamentables escenarios del planeta. En
esta oportunidad dictaminaron sobre la
Unión Europea a la que consideran
culpable de no influir sobre Israel
para impedir que emprendiera la
Operación Plomo Fundido que entre
diciembre 2008 y enero 2009 provocó la
muerte de 1 412 palestinos y arrasó con
la escasa infraestructura de la Franja
de Gaza.
El testimonio de la eurodiputada belga
Véronique de Keyser, miembro del Partido
Socialista valón, sirvió en esas
sesiones para revelar que la Comisión
Europea supo a tiempo sobre el plan de
bombardear Gaza pues la ex canciller
judía Tzipi Livni en persona, fue quien
comunicó las intenciones bélicas de Tel
Aviv durante una reunión con la Comisión
de Asuntos Exteriores de la UE,
organismo que lejos de poner obstáculos
a la operación bélica, accedió entonces
a profundizar sus nexos con Israel. Por
eso, esa Corte moral, conformada por
personalidades de muy diversas
tendencias y credos, considera a Los 27
cómplices de la masacre.
Ese resultado hace inevitable suponer
que si los países que hoy integran la
Unión Europea hubiera tenido una
Posición Común entre las presiones y
críticas con respecto al golpe de
Pinochet en el Chile de los 70, o en lo
referente al resto de las dictaduras del
cono sur americano, es posible que esos
procesos ilegítimos, sangrientos,
deshumanizados, no hubieran durado
tanto.
Con la honrosa salvedad de países como
la Suecia de Olof Palme, los linajudos o
hiperdemocráticos diputados del
Parlamento que reúne a representantes
del Pacto Comunitario en bancadas
ideológicas tan inquietas por lo
correcto, no se opusieron con la fuerza
que esos sucesos requerían a la
barbarie autorizada por Estados Unidos
en aquellos países. No son hechos
fenecidos, pues los sucesos en Honduras
el pasado año, prueban que la
duplicidad, o la flaqueza moral, se
patentizan con todo desenfado entre
quienes usan vara dura y falsaria contra
aquellos puestos en su mirilla por
decisión propia o haciéndole coro al
jefe del imperio (léase U.S.A.).
Un primer impulso les llevó a condenar
el rapto de Zelaya y la usurpación de su
cargo, pero no tardaron en seguir los
pasos orientados por Hilary Clinton y
los ultra conservadores de EE. UU.,
procediendo a retirar las tímidas
sanciones anunciadas. Repetían la
actitud permisiva que tuvieron con
respecto a la Argentina, Uruguay, Chile
o las naciones centroamericanas, en
todas las cuales hubo desaparecidos
y torturados o muertos de cada sitio, o
norteamericanos y de nacionalidad
europea en los 70-80.
Salvo uno que otro juicio promovido
casi siempre por familiares, y de forma
bilateral, no se condenó a los
usurpadores que quitaron por la fuerza a
gobernantes elegidos en urnas al estilo
de la sacro santísima democracia
representativa occidental, ni repudiaron
(no con el debido empeño) los
inexcusables hechos que aún al cabo de 3
decenios sigue afectando a miles de
familias, pues algunas recobraron al
menos los nietos, pero muchas ni
siquiera pudieron sepultar los cadáveres
lanzados al mar o embutidos en fosas
comunes al mejor estilo nazi. Algo que
hoy, por cierto, se descubre en
Colombia, admitido por los mismos
paramilitares asesinos, sin que nadie en
el Viejo Continente se escandalice.
“En
un estudio realizado en 1980, el
latinoamericanista Lars Schoultz
descubrió que la ayuda exterior
estadounidense “ha tendido a fluir en
forma desproporcionada hacia gobiernos
latinoamericanos que torturan a sus
ciudadanos… a los mayores violadores de
los derechos humanos fundamentales en el
hemisferio”. Estudios más amplios de
Edward Herman encontraron la misma
correlación, y
también sugirieron una explicación.
No es sorprendente que la ayuda
estadounidense tienda a correlacionarse
con un clima favorable a los negocios,
que por lo común mejora con el asesinato
de organizadores de obreros y campesinos
y activistas pro derechos humanos y
otras acciones semejantes, lo cual
produce una segunda correlación entre la
ayuda y las monumentales violaciones a
los derechos humanos”,
recordaba Noam Chomsky en un artículo
donde también apuntó que “…la tortura
fue el menor de muchos crímenes de
agresión, terror, subversión y
estrangulamiento económico que han
oscurecido la historia estadounidense,
como ocurre también con otras grandes
potencias”.
Ejemplificando su formulación, el
famoso profesor del Instituto de
Tecnología de Massachussets asegura que
en los últimos 60 años la CIA empleó
hasta mil millones de dólares anuales
para sus censurables fórmulas de lograr
información por medio de infringir dolor
insoportable a sus víctimas. Esos
métodos se emplearon preferentemente en
el exterior y las instalaciones más
famosas para tales prácticas fueron las
prisiones secretas instauradas por
George Bush Junior en Europa y
toleradas por sus gobernantes.
El Washington Post, en su edición del 2
de noviembre de 2005, fue el primero en
referirse a que la Agencia tenía
sospechosos de pertenecer a Al Qaeda en
varios países este-europeos, asiáticos y
mezo-orientales. Esos “sitios negros”
como se les calificara por entonces,
surgieron tras el 11 de septiembre de
2001 y las escalas en varios países de
naves norteamericanas portando a esos
individuos privados de todo derecho,
llamaron la atención de organizaciones
cívicas europeas y lo denunciaron.
Cuando el asunto tomó proporciones
escandalosas, el senador suizo Richard
Marty fue encargado por el Consejo de
Europa para encabezar una comisión
investigadora. Su primer reporte lo hizo
9 meses después (junio 2006) planteando
que14 naciones europeas, incluida Suiza,
estaban implicadas de modo activo o
pasivo, en la detención o transferencia
de esos reos. Un segundo y posterior
dictamen fundamentó exhaustivamente lo
antes comprobado.
A finales del 2007 Bush defendió los
métodos de la CIA, tal como lo hizo hace
un año Richard Cheney y acaba de
sostener, en marzo 2010, durante una
entrevista que le hiciera la BBC, Karl
Rove, eminencia gris de la
administración republicana y uno de los
artesanos de la red de
secuestros-torturas-asesinatos
justificada con los atentados a las
Torres Gemelas. Un individuo capaz de
insistir ahora sobre la utilidad de las
torturas y decirse orgulloso de haber
creado un marco legal para el indigno
recurso.
Los antecedentes sobre la aplicación de
castigos psicológicos y físicos son más
antiguos, pero se ubica al inicio de los
años 50 como etapa en la cual se
sistematiza. De acuerdo con estudios
autorizados, lo que se conoció a través
de las fotos tomadas en Abu Ghraib
después de la invasión a Iraq en el
2003, se venía practicando desde antes
en otros sitios. Latinoamérica, por
ejemplo. En ningún caso Europa reaccionó
con vigor ante esas perversiones.
Parece que el investigador
Allan Nairn, a quien distintas
personalidades norteamericanas tienen
como serio, objetivo y valiente, tuvo
entre sus apreciaciones esos
antecedentes cuando dijo: “Lo que la
(prohibición de la tortura) de Obama
cancela es ese pequeño porcentaje de
tortura que hoy realizan
estadounidenses, pero conserva el
conjunto abrumador de la tortura como
sistema, llevado a cabo por extranjeros
bajo patrocinio norteamericano”.
Se refería tanto a aquellos entrenados
en sitios como la Escuela de las
Américas o similares, por gendarmes
adquirido$ en países ocupados o quizás a
través de mercenario$ que bajo el nombre
de contratistas se hacen cargo de tareas
sucias como las de martirizar a seres
humanos imposibilitados de defenderse.
Barak Obama había suspendido la
aplicación de las torturas poco después
de asumir la presidencia, pero no
procedió a castigar a los culpables y
con ello dejó vigentes los esquemas que
dentro o fuera de su país continuaron
funcionando.
Desde Ginebra, el pasado 10 de marzo,
el
relator especial de la ONU para la
tortura, Manfred Nowak, criticó al
presidente norteamericano, por tal
motivo, acusándole de no haber
investigado las denuncias sobre torturas
bajo el mandato Bush, pese a que EE. UU.
como firmante de la Convención
Internacional promulgada sobre torturas
tiene responsabilidades legales que le
obligan a una pesquisa exhaustiva y al
procesamiento de los culpables.
Que Karl Rove se atreva a decir,
sonriente y sarcástico, que no importa
si no se encontraron armas de
destrucción masiva en Iraq y defiende
con vehemencia asesina, el empleo del
martirio como recurso para obtener
cuestionables revelaciones, indica que
Nowak está en lo cierto.
LA RANCIA EUROPA
Nowak es un abogado austriaco y como
Relator Especial de Naciones Unidas
visitó distintas cárceles del mundo,
incluidas la de algunos encumbrados
países. El año pasado dijo a la prensa
que varias naciones se negaron a que él
examinara los penales. De todos modos,
logró conocer que existen unos 10
millones de personas internadas en
circunstancias inaceptables."La gran
mayoría de ellos están en condiciones
que violan la dignidad humana" aseguró.
Un millón del total citado, eran niños
de entre 9 y 10 años, puestos con
adultos, sujetos a diversos abusos o a
golpizas de los propios carceleros como
método para “disciplinarlos”.
Organizaciones internacionales confirman
estos extremos y se refieren, además, al
confinamiento de los inmigrantes pues la
Unión Europea tiene 180 prisiones para
recluir extranjeros irregulares, aparte
de aquellos en cárceles ordinarias.
Los problemas de las prisiones en
Europa son muchos, se concluye en otro
reporte dando cuenta sobre la
superpoblación y la falta de higiene,
sumadas al insuficiente personal y la
inseguridad, que incluye agresiones
sexuales, temas que no se tocan por la
prensa excepto por medios alternativos.
Estas irregularidades provocaron que en
2008 varios centenares de funcionarios
de prisiones se manifestaran ante el
edificio del Consejo de Ministros en
Bruselas en protesta por esas anomalías
que traen consigo también una alta tasa
de suicidios. Quitarse la vida en
prisión ocurre sobre todo en el Reino
Unido, Noruega, Francia y Eslovenia,
precisa el estudio.
Lo planteado es deplorable y también lo
expuesto en un dossier de Amnisty
International: “El papel desempeñado por
algunos Estados europeos en las entregas
y detenciones secretas ha oscilado entre
la participación activa y la
connivencia tácita. Agentes europeos
han detenido o recluido a sospechosos y
los han dejado bajo custodia de Estados
Unidos sin que haya existido un proceso
judicial. Participaron directamente en
aprehensiones ilegales, en un caso
ayudando a agentes estadounidenses a
secuestrar a un sospechoso en plena
calle en Italia antes de su entrega
extraordinaria a Egipto2005, en Europa
hubo prisiones secretas gestionadas por
la CIA, en donde detenidos que eran
víctimas de desaparición forzada
permanecían recluidos en condiciones
que constituían tortura u otros tratos
crueles, inhumanos o degradantes”.permanecían
recluidas en secreto y en régimen de
incomunicación en lugares de todo el
mundo, incluida Europa. Agentes de
Estados europeos aprovecharon la
detención ilegal de algunas de las
personas recluidas para interrogarlas,
sin hacer nada para alertar a sus
familiares sobre su paradero ni intentar
solucionar la detención ilegal, que en
sí misma ya constituye una violación de
derechos humanos. Las investigaciones
realizadas han determinado que, entre
2003 y 2005, en Europa hubo prisiones
secretas gestionadas por la CIA, en
donde detenidos que eran víctimas de
desaparición forzada permanecían
recluidos en condiciones que
constituían tortura u otros tratos
crueles, inhumanos o degradantes”.
Pongamos puntos suspensivos a este
relato que, tristemente, es largo y
comprometedor para quienes suelen
vestirse con ropajes inmaculados y
emitir infundíos solo por no estar de
acuerdo con aquel a quien acusan pese a
tener tanta basura bajo la alfombra.
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