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Cason,
Reich y la contra cubana
CARLOS
FAZIO - La
Jornada, México-
Dice
Stephen Kinzer que Estados Unidos es una de esas
naciones hipócritas que solo acatan principios
cuando les conviene. En septiembre del 2001, cuando
se conoció la postulación de John Dimitri
Negroponte como embajador de Washington ante
Naciones Unidas, Zinker escribió en The New York
Review of Books que con esa nominación la
administración Bush estaba enviando dos mensajes
claros. Primero, y dado a que en sus años como
embajador en Honduras (1981-1985) Negroponte adquirió
reputación de "imperialista de viejo cuño",
la Casa Blanca estaba notificando a la ONU que su
política exterior "no estaría constreñida
por las finuras diplomáticas". En segundo
lugar, Kinzer —quien tituló su artículo
"Nuestro hombre en Honduras"— advirtió
que el nombramiento era parte de "un esfuerzo
concertado" para rehabilitar a quienes
planearon y organizaron a los contras en la guerra
sucia de los ochenta contra Nicaragua sandinista.
Todos
tenían un denominador común: eran especialistas en
trucos sucios y operaciones encubiertas; varios se
habían visto involucrados en "procesos
criminales" en Estados Unidos. Entre los
"beneficiados", Kinzer mencionó a Roger
Noriega, un ex asistente del senador Jesse Helms,
designado entonces por Bush hijo, representante ante
la Organización de Estados Americanos (OEA); Elliot
Abrams, ex subsecretario de Estado en la
administración Reagan, uno de los arquitectos
principales del proyecto contra, quien se declaró
culpable de delitos menores por haber engañado al
Congreso en el escándalo Irangate y que hoy trabaja
como especialista en "derechos humanos" en
el Consejo de Seguridad Nacional, y Otto Reich,
exiliado cubano con una turbia historia en la
fabricación de propaganda negra al servicio de la
guerra contra y el Irangate, también investigado
por el Congreso.
De
todos, Reich es el más pintoresco. En una ocasión
comparó la gira cubana de béisbol de los Baltimore
Orioles con "jugar fútbol soccer en
Auschwitz". Cabildero de Bacardí y
Lockheed-Martin (empresa fabricante y proveedora de
armamentos para el Pentágono), fue designado en
2002 subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos,
y en enero pasado Bush lo nombró "enviado
especial" de la Casa Blanca para América
Latina.
En los
últimos años, Reich, ex embajador en Venezuela y
representante alterno de Estados Unidos ante la
Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra,
centró sus actividades en la promoción de una
"transición democrática" en Cuba.
Una
pieza clave de esa estrategia es el Consejo de
Negocios Estados Unidos-Cuba, que él preside. El
consejo está integrado por varias compañías
multinacionales, entre ellas, Bacardí-Martini Inc.,
Coca Cola, Ford-Motors, Chiquita, Kelley Drye and
Warren, General Motors, el Miami Herald, Pepsi Cola
y Texaco.
Reich
asesoró a los legisladores que elaboraron la Ley
Helms-Burton y las modificaciones a la sección 211
sobre marcas y patentes. Conocida como ley de la
esclavitud o ley Bacardí, la Helms-Burton se abroga
un carácter extraterritorial y es prototipo y
vanguardia de las leyes colonialistas del Área de
Libre Comercio de las Américas (ALCA) que se vienen
negociando en secreto.
La
normatividad contenida en la ley codifica el bloqueo
de Estados Unidos y establece con detalle lo que sería
una Cuba post Castro. Según la Helms-Burton, el
levantamiento del bloqueo solo podrá darse una vez
que hayan sido indemnizadas las propiedades
confiscadas por Cuba y devueltas a sus antiguos
propietarios estadounidenses.
A
tales efectos, el Presidente de Estados Unidos
nombraría un "coordinador", cuya misión
principal sería asegurar la "transición"
en la Isla. Ese "coordinador" se encargaría
de la distribución de la asistencia de Estados
Unidos a Cuba durante un eventual Gobierno de
transición.
Llama
la atención que en ningún momento se habla de un
Gobierno cubano, sino de un "coordinador"
nombrado por el Jefe de la Casa Blanca. Es decir,
como ocurre en Iraq con el general-empresario Jay
Garner, un procónsul. Ese "coordinador"
nombraría un Consejo de Negocios Estados
Unidos-Cuba, que tendría —¡vaya casualidad!—
el mismo nombre que el que preside Otto Reich. Según
la sección 203 de la Helms-Burton, ese consejo
estaría encaminado a coordinar las actividades
entre el Gobierno de Estados Unidos y el sector
privado, para guiar la llamada "transición
democrática" en la Isla.
La
ley, aprobada en 1996, impulsa un guión
asombrosamente similar al que está en curso en
Iraq. Pero para que el plan funcione, Washington
necesita crear, financiar y dirigir una fuerza
contra en Cuba, similar a la que comandó desde
Honduras John D. Negroponte en la guerra sucia
contra Nicaragua. Esa es la función que le ha sido
encomendada a James Cason, jefe de la Oficina de
Intereses de Estados Unidos en La Habana y viejo
compinche de Reich, Abrams, Noriega y Negroponte en
sus aventuras centroamericanas de los ochenta.
En
diciembre, Cason declaró a una televisora de Miami
que su principal objetivo era reunir a diversos
grupos de oposición en torno a un programa de 10
puntos. Identificó a tres líderes visibles del
proyecto: Vladimiro Roca, Marta Beatriz Roque y
Osvaldo Payá, y admitió que sostenía consultas
permanentes con la Fundación Nacional
Cubano-Americana y el Consejo para la Libertad de
Cuba, dos organizaciones de Miami con antecedentes
terroristas.
Su
labor —dijo Cason— es "ofrecer información,
apoyo moral y espiritual" a personas que
"han recibido premios de derechos
humanos". Los premios y los gastos para la
promoción de "líderes humanitarios"
—como Osvaldo Payá, la figura de moda inventada
por Carlos Alberto Montaner y promocionada por
Washington, Aznar y el PAN mexicano— están
presupuestados en el marco de la Helms-Burton y
salen del bolsillo de los contribuyentes de Estados
Unidos. Es decir, Washington organiza y financia a
la "disidencia". O mejor dicho, a los
conspiradores que operan en un país del llamado eje
del mal y al cual nueve administraciones
estadounidenses han tratado de desestabilizar.
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